Hoy 1 de julio entra en vigor la nueva normativa de ascensores, la ITC AEM que el Consejo de Ministros aprobó en abril.
Unas directrices de obligado cumplimiento en materia de ascensores que podrían suponer importantes derramas para muchas comunidades de vecinos.
España es el país de Europa que más ascensores tiene activos, 1,1 millones, y para garantizar y reforzar su seguridad, el Ejecutivo aprobó la nueva Instrucción Técnica Complementaria.
Según las estimaciones del Gobierno, la norma afectará al 40% de los ascensores. Generalmente los más antiguos, pues los de reciente instalación ya cuentan con sistemas de seguridad más modernos y actualizados en materia de prevención de accidentes.
Hasta 65.000 euros de derrama en algunos casos
En función del estado del ascensor se tendrán que hacer unas u otras reformas para adecuarse a los nuevos requisitos.
Las principales novedades que recoge el decreto son:
- Mejorar los sensores de las puertas
- Nivelación mucho más precisa
- Incluir persacargas en la cabina para evitar movimientos con peso extra
Según ha subrayado Carlos Frechilla a RTVE, director de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), más del 90% de los accidentes actuales se han producido debido a no disponer de estos requisitos o fallos en dichos puntos.
Pero la renovación de aquellos elevadores que lo precisen no tiene por qué ser inmediata, pues la legislación da un plazo de hasta 4 años si no le toca revisión hasta 2028.
Es decir, que aquellos que hayan pasado la revisión este año, tienen de plazo hasta 2028 para hacer los cambios pertinentes.
Sobre las cuantías a desembolsar por las comunidades dependerá de los cambios que el ascensor necesite.
Pueden ir desde apenas 100 euros hasta los 65.000 para aquellas comunidades que necesiten cambiar la cabina por completo para adecuarla a la nueva normativa.
En estos casos las derramas serán considerables para los vecinos.
Algunas comunidades podrían sacar subvenciones para sufragar este gasto, pero dependerá de cada gobierno autonómico por el momento.
En caso de no adaptar los ascensores, las comunidades pueden enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros, según recoge la legislación.
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