El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la aplicación de la ley por la que se derogó la ley de memoria democrática de Aragón al admitir a trámite el recurso presentado contra la misma por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha anunciado recursos si finalmente se aprueban las normas en sentido similar tramitadas en Castilla y León y Comunidad Valenciana.
El pleno del Constitucional ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo central, que considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales.
Al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida de forma automática y temporal esa ley que deroga la norma que estaba vigente en Aragón desde 2018.
La suspensión se activa desde la fecha de interposición del recurso (29 de mayo de 2024) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
La derogación salió adelante en las Cortes de Aragón con los votos de los socios del Gobierno (PP y Vox) y el apoyo del PAR con el objetivo de promover un reconocimiento "a todas las víctimas sin excepción".
Posteriormente, el Ejecutivo regional ignoró el emplazamiento del Gobierno central a reunirse para encontrar una solución que evitase el recurso al TC.
En el caso de Castilla y León, la proposición de ley de Concordia registrada por los grupos parlamentarios del PP y Vox aún no ha sido debatida en el pleno de las Cortes, lo que ocurrirá previsiblemente en la primera reunión de septiembre, según han explicado fuente de Vox en los últimos días.
Aceptado otro recurso del PSOE en Andalucía
Además, el pleno del TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PSOE al decreto de la Junta de Andalucía por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración autonómica y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
Los senadores socialistas que presentaron el recurso sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
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