Un segundo agente de los Mossos d'Esquadra ha sido detenido este jueves acusado de haber participado en la huida del líder de Junts, Carles Puigdemont.
El primero sería el propietario del coche en el que se ha fugado el ex president catalán, mientras que el último habría participado en el dispositivo.
Fuentes jurídicas han informado de que el primer agente ha impugnado su detención por la vía del habeas corpus ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que será el encargado de examinar su arresto en un plazo de 24 horas.
El mosso ha pedido anular su arresto y decretar su libertad al considerar que "es ilegal y arbitrario". Algo que también hará el segundo, según ha anunciado 'ElNacional.cat'.
El habeas corpus es una figura legal por la que cualquier ciudadano puede exigir comparecer de forma inmediata ante el juez para que este determine la legalidad de su detención, lo que debe resolverse en dicho plazo máximo.
Artículo 17.1 de la Constitución
La defensa del primer agente considera así que su detención ha sido "ilegal y arbitraria" y vulneraría el artículo 17.1 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad y la seguridad, porque no se fundamentaría en ningún delito, según fuentes especializadas.
Las mismas que añaden que, de acuerdo a las noticias publicadas, el mosso habría ayudado a huir al ex president Puigdemont, y consideran que los hechos "no revisten caracteres de delito".
Los Mossos d'Esquadra mantienen una investigación abierta para averiguar si agentes del cuerpo han ayudado a Puigdemont a llegar esta mañana al acto de "bienvenida" en Barcelona que le había organizado su partido y las entidades independentistas, sin haber sido interceptado por ningún cuerpo de seguridad, y a huir posteriormente.
También se investiga si las personas que acompañaban a Puigdemont a su llegada al acto en Arc de Triomf, lo que ha hecho cruzando las calles de Ciutat Vella (sin apenas transeúntes, lo que habría permitido una detención en condiciones seguras), eran mossos d'Esquadra de permiso.
Si agentes de la policía catalana, incluso fuera de servicio, hubieran colaborado en la huida de Puigdemont una vez en España, podrían haber incurrido en un delito porque el ex presidente catalán tiene una orden de detención nacional vigente que vincula a todos los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen la obligación de arrestarlo y ponerlo a disposición judicial.
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