El Gobierno ha sufrido una nueva derrota en el último pleno del 2024, algo que suena a déjà vu, después de que el año termine de la misma forma en la que empezó, con el gobierno de Pedro Sánchez buscando negociar hasta el último segundo para conseguir aprobar sus leyes. En este caso, la derrota del Gobierno ha llegado después de que los partidos de derecha entre sus socios, PNV y Junts, se hayan unido al Partido Popular para echar abajo el impuesto a las energéticas.
Los portavoces de ambas formaciones, Aitor Esteban, por el PNV, y Miriam Nogueras, por Junts, ya habían confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no iban a dar su apoyo a esta figura del gravamen porque creen que pone en riesgo inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque con su configuración actual de prestación de carácter no tributario hace que las haciendas forales no puedan recaudarla.
Sí que sale adelante la ley de eficiencia de la Justicia
Pero el Gobierno sí que ha conseguido salvar a última hora la medida estrella del ministro Félix Bolaños: la ley de eficiencia de la Justicia. El Congreso ha dado su aprobación definitivamente a dicha normativa, después de que se levantara el veto del Senado con el apoyo de Podemos, que había dejado caer la posibilidad de dejar caer la ley al haber metido una enmienda que iba a permitir agilizar los desahucios en los casos de ocupación.
Con el impuesto de las energéticas derogado, el Gobierno no va a poder prorrogarlo como había negociado con ERC, Bildu y el BNG porque no se puede estirar un impuesto que ya no existe. La única salida podría ser que el Gobierno aprobara un nuevo impuesto pero esto tampoco sería de mucha utilidad ya que si lo aprobara el Consejo de Ministros, el Congreso volvería a tener que votarlo y se volvería producir la alianza entre PP, Jutns y PNV para tumbarlo.
Una enmienda que ha quitado el gravamen a las grandes energéticas y, por tanto, hace imposible lo que buscaban el Ejecutivo central y sus socios de izquierda, conseguir prorrogarlo durante todo el 2025. Se trata de la enmienda número 54, que el pasado martes se aprobó en el Senado después de plantearla el PP. En la iniciativa se puede leer que el gravamen energético queda derogado.
Es decir, lo que proponen los populares es remover, desde que entre en vigor la reforma fiscal, esta figura que afecta a grandes compañías como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa o Moeve, entre otras, y que este año había recaudado más de 1.100 millones. Junts se había abstenido en la votación de todas las enmiendas planteadas por el PP en la Cámara Alta, incluida esta, y el PNV también lo hizo, aunque solo en esa iniciativa.
Por su parte, el Gobierno había logrado el apoyo de ERC, EH Bildu y BNG que habían acordado este miércoles mantener el gravamen a las energéticas. Para ello el Ejecutivo se había comprometido a aprobar el Real Decreto en el último Consejo de Ministros de 2024 con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como Proyecto de Ley para que se convirtiera en impuesto. Subrayan en que "es la única [vía] posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025".
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