El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado ya a las Cortes el esperado informe sobre los abusos sexuales de la Iglesia española.
Ha cifrado en 445.000 las víctimas de estos abusos, de los cuales más de 230.000 habrían sido cometidos por sacerdotes.
Los varones han sido más víctimas de la Iglesia y supone algo más de 1% de la población actual. 487 de estas víctimas han ofrecido su testimonio y han certificado los abusos.
El informe
Un documento que le encargó elaborar la Cámara Baja tras los múltiples escándalos que salieron a relucir de la institución católica. Tras muchos casos revelados, el Congreso aprobó por mayoría la Proposición no de Ley para encomendar la tarea.
Gabilondo ha remarcado "el impacto devastador" que ha supuesto esta problemática y ha recriminado la respuesta "insuficiente" de la Iglesia.
También ha propuesto la creación de un fondo para la compensación de las víctimas.
El Informe cuenta con 777 páginas y va a estar alojado íntegro esta mañana en la web del Defensor del Pueblo.
En el mismo, además de una presentación del titular de la institución y una introducción general, se recoge, entre otras cosas, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas, detalles de una encuesta encargada a GAD3, marco jurídico, y conclusiones-recomendaciones que son elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno de España para “la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con el objetivo de la encomienda”, según se ha explicitado en la mencionada PNL.
Gabilondo ha subrayado que “se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”
“Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”, ha defendido.
Respuesta insuficiente
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema.
Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.
Aboga porque se ha de reconocer, al mismo tiempo, que la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas.
Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.
Por su parte, la investigación destaca que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica.
Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
Recomendaciones principales
El Informe propone una veintena de recomendaciones. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.
Recalca también la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Por otro lado se proponen diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares.
Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.
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