El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han convocado una reunión el 27 de enero para tratar de avanzar en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
RTVE, citando fuentes del Ministerio de Economía, asegura que esta cuestión será abordada en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae).
Además, ha sabido que ambos ministerios trabajan con el objetivo de llevar la propuesta al Consejo de Ministros "lo antes posible".
Por la vía de urgencia
El pasado miércoles, ambos dirigentes se reunieron a las 17:00 horas para intentar destrabar las discrepancias sobre esta medida. Cabe señalar que ya habían mantenido una reunión el lunes anterior, aunque entonces no lograron llegar a un acuerdo.
En ese encuentro, Díaz solicitó a Cuerpo que le aclarara los motivos por los cuales la reducción de la jornada laboral no se había tramitado por la vía de urgencia, como Trabajo había planeado para cumplir con los plazos establecidos.
En el encuentro de esta semana, la ministra Díaz reiteró su petición de que la medida se tramite de manera urgente. Según Trabajo, este método permitiría desbloquear el "veto" que Díaz ha acusado a Economía de mantener sobre la iniciativa al no permitir que avance con la celeridad esperada.
Plazos del acuerdo
Desde el Ministerio de Trabajo advierten que, si la reducción de la jornada no se gestiona por la vía de urgencia, la medida podría quedar fuera de los plazos previstos, lo que incumpliría uno de los compromisos del pacto de coalición entre PSOE y Sumar.
Según el calendario fijado, la jornada laboral debería quedar reducida a 37,5 horas semanales antes del 31 de diciembre de 2025.
Mientras tanto, Cuerpo niega las acusaciones de bloqueo. Según el ministro, su departamento está priorizando la tramitación de la medida, aunque destacó la necesidad de garantizar "todos los procedimientos necesarios" para que el proyecto avance con las condiciones adecuadas.
No obstante, desde Trabajo calculan que, si se opta por la vía ordinaria, el texto no llegaría al Consejo de Ministros antes del verano, en el mejor de los casos, lo que retrasaría aún más su discusión en el Congreso de los Diputados. Este escenario, advierten, podría comprometer seriamente la posibilidad de cumplir con los plazos fijados.
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