El Ministerio de Consumo ha iniciado una investigación sobre la publicidad de viviendas turísticas que operan sin licencia, una realidad que ocurre a diario en múltiples plataformas.
El alquiler turístico ha crecido de forma exponencial y cada vez más viviendas se destinan en exclusiva a este fin, pero muchas de ellas no tienen la licencia para ello. Pero se publicitan de igual forma en redes sociales y demás plataformas de alquiler. Una infracción que puede acarrear cuantiosas sanciones.
Desde la Dirección General de Consumo se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas.
Serían prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción que puede "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", han advertido desde la Dirección General de Consumo.
Según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la cual el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas.
Multas de más de 100.000 euros
Sobre esta base, Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, haciendo especial hincapié en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general.
Con la información que se recabe a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€.
Una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre 4 y 6 veces el beneficio ilícito obtenido.
Las licencias turísticas las otorga cada comunidad autónoma y cada región tiene sus requisitos, pero lo que es común es el objetivo: regularizar este uso de las viviendas tanto para particulares como para grandes tenedores o empresas.
Además, los beneficios de las viviendas vacacionales hay que declararlos, por ello los alojamientos turísticos sin licencia son una forma en auge de lograr dinero negro.
Y otro problema derivado del auge de las viviendas turísticas es el incremento del precio de los alquileres de larga temporada así como la poca oferta.
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