La reunión entre el Gobierno y las comunidades sobre los menores migrantes ha culminado con la aceptación de la reubicación de 347 jóvenes desde Canarias y Ceuta.
Como adelantó Alberto Núñez Feijóo unas horas antes, los territorios del PP aceptaron la reubicación de 347 menores migrantes no acompañados.
El reparto acordado sería el siguiente: Andalucía acogería a 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.
Sólo Cataluña se ha abstenido en la votación sobre la reubicación.
La ministra de Juventud, Sira Rego, ha celebrado que las comunidades hayan aceptado este reparto, aunque ha puntualizado que la "voluntariedad" tenía sentido hace años, en la actualidad la situación es diferente y por ello defiende la necesidad de reformar la Ley de Extranjería. Una fórmula para que sea obligatoria la reubicación.
Pero este punto es una de las cuestiones que los 'populares' no ven bien del todo y pese a que han aceptado la propuesta de reubicación no se han comprometido a apoyar la mencionada reforma legislativa.
Los líderes autonómicos del PP han remarcado en la reunión que el reparto de menores lo tiene que decidir el Parlamento y han afeado al Gobierno que haya enviado el borrador con la reforma que pretende hacer unas horas antes de la reunión.
En general, las comunidades piden al Gobierno más financiación, tiempo y recursos para una adecuada gestión de los menores migrantes así como un plan más elaborado.
El Ejecutivo seguirá adelante con la reforma
Pese a que las comunidades no han apoyado de forma unánime la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno intentará sacarla adelante.
La ministra ha señalado a los medios que registrarán la reforma lo antes posible, aunque no ha detallado la fórmula para ello.
El gobierno canario estaba a favor de hacerlo mediante decreto para lograr una respuesta más rápida, pero no han confirmado si finalmente será así.
Rego también se ha abierto a incorporar algunas medidas o propuestas que han planteado las comunidades, pero ha subrayado la necesidad de la reforma para que el reparto sea "obligatorio". Sus planes pasan por registrar la normativa este mismo mes de julio.
Cerca del 80% de los repartos acordados en 2023 no se ha cumplido, por lo que el Gobierno ha insistido en la necesidad de actuar ya ante esta "emergencia" y legislar para que sea algo obligatorio.
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