Tras el preacuerdo entre ERC y el PSC para hacer president a Salvador Illa, casi todos los gobiernos regionales han salido en las últimas horas en tromba a censurar públicamente la desigualdad que se prevé si se le concede a Cataluña salirse del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF.
Los presidentes de la mayoría de las comunidades autónomas lo han calificado de despropósito, de chantaje y anuncian medidas judiciales para frenar el privilegio de los catalanes.
Madrid: "No nos quedaremos quietos"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este martes que el concierto económico pactado por el PSC con ERC "rompe la caja común de los españoles", según una entrada publicada en su cuenta en la red social X después de conocerse el resultado de las negociaciones para conseguir la investidura del socialista como president catalán.
Tras denunciar este preacuerdo, la presidenta madrileña avisaba de que plantará batalla para evitar que se consume el concierto económico, que prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un Departamento de Política Lingüística en el Govern. "No nos quedaremos quietos", ha advertido Ayuso.
Castilla-La Mancha: "Atentado a la igualdad"
El Gabinete de prensa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de este miércoles está prevista una declaración institucional "importante" a cargo del líder del Ejecutivo castellanomanchego.
Una declaración que llega después de que en la red social X asegurara que "el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC" le mantenía "perplejo". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", aseguraba.
El PSOE de Castilla-La Mancha ha recordado, no va a "aceptar ningún acuerdo que salga unilateralmente de una comunidad autónoma" y que "suponga una ruptura del principio de igualdad de todos los españoles". Para añadir: "Está claro que un acuerdo que beneficie a uno en detrimento del resto es un privilegio para unos y un perjuicio para otros", ha manifestado.
Comunidad Valenciana: "Golpe de estado fiscal"
El Gobierno valenciano ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional "si sigue adelante" el acuerdo que ha divulgado ERC con el PSC, que supondría gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en la región.
"Estamos ante un auténtico golpe de estado fiscal, bendecido, auspiciado y propiciado por (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez, que revienta así la Constitución para mantener los sillones, y que cuenta además con la cooperación necesaria del PSPV", ha denunciado la consellera de Hacienda, Ruth Merino.
A su juicio "supone la independencia fiscal de Cataluña". El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que dará "todos los pasos hacia adelante" para defenderse del "golpe de estado fiscal": "La solidaridad está a punto de morir en España gracias al PSOE y esto no lo vamos a tolerar", ha aseverado Mazón.
Murcia: "Gravísimo"
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que si se confirma el acuerdo económico entre PSC y ERC que "afecta a todos", Murcia va a utilizar "todas las herramientas" que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas.
Miras ha calificado el acuerdo como "gravísimo" porque aunque es un acuerdo entre el PSC y ERC lo "asume el gobierno de todos los españoles", es decir, afecta a todo el país.
Ha insistido en que "todas las decisiones que está tomando el Gobierno no se basan en el interés de todos los españoles, ni que sean buenas para el conjunto de España, sino en decisiones que supongan la supervivencia de Sánchez como presidente del Gobierno". Y esta situación, ha lamentado, "se resume en que quieren pagar con el dinero de los murcianos, de todos los españoles, que Sánchez siga en la Moncloa".
Aragón: "Atropello a la Constitución"
El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha dicho que si para la investidura de Illa se ha acordado entre ERC y el PSC permitir a Cataluña recaudar y liquidar los impuestos sería "un acuerdo ilegal".
En un mensaje en X, Azcón ha dicho: "Si el acuerdo alcanzado entre Sánchez y los independentistas para hacer presidente a Illa rompe el sistema fiscal de régimen común y permite a Cataluña recaudar y liquidar los impuestos de todos los españoles en su territorio, estamos hablando de un acuerdo ilegal".
El aragonés ha añadido que su gobierno hará "todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad entre españoles". "No vamos a permitir que nadie trate a los aragoneses como ciudadanos de segunda", ha afirmado.
Castilla y León: "Un robo"
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que Castilla y León irá a los tribunales en una "batalla judicial sin precedentes" si se confirma el acuerdo, supone "un robo a Castilla y León y a España".
También ha advertido que la Junta impugnará que "la ley que salga del Congreso" y se hará ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales superiores de Justicia, bien de Cataluña o de otras comunidades autónomas "si fuera necesario", así como en "la propia Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo".
La Rioja: "Estamos a tiempo de que se pare"
El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha lanzado este martes un mensaje al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "en nombre de todos los riojanos", pidiéndole que "rectifique, no ceda al chantaje político y no permita que se rompan las reglas de juego democrático".
Capellán ha querido estar presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno (en una convocatoria de última hora) para advertir de que "la sociedad riojana no admite esto", porque "va a ir en menoscabo de sus intereses" y ha mostrado su "rechazo frontal al atentado" que supone a los mismos.
"Estamos a tiempo de que esa medida se pare, por eso hoy quiero llevar la voz de todos los riojanos para decir que no aceptamos que adopte esta medida. No se puede aceptar el chantaje político", ha dicho añadiendo: "Los presidentes debemos ser consultados".
Extremadura: "Despropósito"
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, considera que supondrá un ataque directo al "corazón del Estado" así como entrega la llave de la legislatura a Junts per Catalunya y a su líder Carles Puigdemont.
Guardiola ha enmarcado el acuerdo entre una más de las acciones 'kamikaze' que viene realizando el presidente del Gobierno con el objetivo de "seguir un día más en la Moncloa". Una medida que ha situado fuera de la Constitución y contraria a la igualdad y la solidaridad entre españoles, y que está "atacando directamente al corazón de nuestro Estado".
Para ella se trata de dar a Cataluña una "independencia fiscal" que favorece que "haya españoles de primera y españoles de segunda", lo cual es un "un ataque en toda regla, especialmente a los extremeños". Ante este "despropósito", ha calificado de "impensable" que pueda tramitarse una reforma de la ley de financiación autonómica "de espaldas a las comunidades autónomas".
Cantabria: "Corrupción política"
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado que es "corrupción política" porque, a su juicio, evidencia que el presidente del Gobierno de España ha decidido "cambiar financiación por votos y poder".
Sáenz de Buruaga ha considerado que, aunque "el sanchismo ya ha perdido la capacidad de sorprendernos o escandalizarnos a todos", este acuerdo PSOE-ERC es "otra línea roja superada, una más."Esto es más de lo mismo pero cada vez peor. La escalada cada vez es mayor", ha añadido la presidenta de Cantabria y del PP regional.
Andalucía: "Ataque frontal"
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que Andalucía "debe responder y va a responder" en defensa de sus intereses ante el "ataque frontal" y su nueva portavoz, Carolina España, lo ha tildado de "claramente inconstitucional", aunque ha emplazado a conocer el texto en detalle antes de pronunciarse sobre un posible recurso en los tribunales.
Galicia: "Intolerable"
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha declarado que no va a tolerar que "para darle a otros más de lo que les corresponde" se "lo quiten" a los gallegos.
Canarias: "Perplejidad"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha dicho este martes que en su primera evaluación del acuerdo es negativa, de "perplejidad e incomprensión", porque algo tan importante como la financiación autonómica se negocie al margen del resto de comunidades autónomas.
País Vasco, el único gobierno favorable: "Positivo"
El único apoyo al pacto ha llegado desde el País Vasco. El Lehendakari, Imanol Pradales, considera "positivo" el acuerdo de PSC y ERC "desde el punto de vista de la financiación singular de Cataluña, ya que permite a los catalanes avanzar en términos de autogobierno", si bien ha precisado que será necesario conocer los detalles del mismo.
Asturias evita pronunciarse
La vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha evitado pronunciarse hasta conocer los términos exactos para poder hacer una valoración "más precisa". Eso sí, ha recordado que en Asturias hay un acuerdo sobre financiación en el marco de la Junta General del Principado de Asturias, con todos los grupos políticos excepto con Vox, y también está el acuerdo con otras comunidades autónomas.
Críticas también desde dentro del PSOE
El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado que quiere "todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña", de manera que ha invitado a Moreno a que "espabilen y también soliciten la gestión de esos servicios y esas competencias que están en nuestro Estatuto" con la idea de "igualarnos siempre por arriba".
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también ha advertido que el preacuerdo no puede quebrar el principio de solidaridad porque ello supondría "fallar al conjunto de los españoles" y, por tanto, se posicionaría "radicalmente en contra".
El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha tachado de "inadmisible" el preacuerdo que va a suponer "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles".