El 1 de julio llegó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un informe en el que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pedía averiguar si Begoña Gómez cometió un delito de "apropiación indebida" al patentar un software financiado en parte por esta universidad.
Las sospechas que han llevado a la UCM a enviar este informe se sustentan en una investigación interna promovida para "averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta administración universitaria".
Dado que "las actividades de investigación realizadas" no han permitido a la universidad "alcanzar una conclusión definitiva", la institución ha solicitado al órgano judicial que averigüe si Gómez cometió "conductas no ajustadas a derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio" de la UCM, tal y como indica el informe que ha adelantado 'El Mundo' y al que ha tenido acceso '20minutos'.
La universidad sitúa este "perjuicio patrimonial" como la clave y motivo de la investigación interna sobre la cátedra extraordinaria que co-dirige la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Un prejuicio que se concreta en 3 contratos diferentes que suman un total de 102.848 euros que la Universidad desembolsó para la cátedra en cuestión. Dinero que iba destinado a poner en marcha y desarrollar "una plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación".
La investigación de la UCM, que destaca la "falta de colaboración" de Begoña Gómez, surge a raíz de varias informaciones periodísticas sobre la creación de este software que la mujer de Sánchez acabó patentando para su empresa.
Antes de involucrar a la universidad, Gómez consiguió que Google, Telefónica e Indra aceptaran elaborar el software de forma gratuita. Pero tras desembolsar un total de 150.000 euros, las empresas decidieron abandonar el proyecto ante el posible conflicto de intereses que suponía elaborar un proyecto de forma altruista para la mujer del presidente.
Y entonces la Universidad Complutense sacó una licitación para que una empresa completara el trabajo. Deloitte Consulting resultó adjudicataria del contrato y finiquitó el software a cambio de más de 60.500 euros. Y finalmente Gómez registró la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que ofrece gratuitamente desde su empresa Tansforma TSC.
El juez Peinado rechazó la demanda de la UCM
Al conocer estas informaciones, la universidad trató de personarse en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, pero este rechazó la personación al no apreciar ningún perjuicio causado a la Complutense.
De forma que, la institución promovió su propia investigación interna para determinar "si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada cátedra".
Además, la universidad no se limita a recoger la licitación a Deloitte. Al contrario, incluye otro pago de 24.000 euros a la empresa Making Science Group S.A por "la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la cátedra". Y un tercer contrato para servicios "de consultoría y asistencia" por importe de 18.148 euros.
Llegados a este punto, la UCM considera que "no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes".
Por tanto pide al juez que coja el testigo y que, si aprecia indicios de un perjuicio patrimonial a la universidad, "realice el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado".
Si (
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