La Comisión Europea ha comenzado un procedimiento de infracción contra España por no cumplir con la directiva comunitaria que obliga al pago de la asignación por las 2 últimas semanas del permiso parental, según ha anunciado el Ejecutivo comunitario este jueves. Los Estados miembro tenían que transponer a sus legislaciones nacionales esta medida el pasado agosto como fecha límite.
La directiva sobre conciliación marca unos requisitos mínimos destinados a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo. Principalmente, busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que están a cargo de menores de edad.
La norma entró en vigor en julio de 2019, pero el Ejecutivo comunitario amplió el plazo a los gobiernos para aplicarlo, de modo que la fecha para transponer la mayor parte de las disposiciones, que garantizan una baja parental intransferible y retribuida de manera adecuada, se aplazó a agosto de 2022. Pero Bruselas dejó para agosto de 2024 la medida que se refiere al pago de las 2 últimas semanas.
7 millones de sanción por no cumplir con el plazo
Según señala el Ejecutivo comunitario, España no ha cumplido con el plazo para comunicar a sus servicios la transposición completa de ese último elemento y por ello Bruselas empieza con el expediente. Este es el primer movimiento de un proceso que puede alcanzar al Tribunal europeo, que es el competente para dictar las sanciones en caso de incumplimiento.
El envío de una carta de emplazamiento ha sido el primer paso formal de un expediente sancionador y pone un plazo de 2 meses al Gobierno para que alcance las medidas necesarias que corrijan la irregularidad. Si en ese periodo no se cambia la situación, la Comisión Europea podrá mandar un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento, que da un poco más de tiempo al diálogo antes de decidir si se alcanza la tercera y última fase, que sería denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno tenía en mente esta situación. El pasado agosto, cuando se cumplió el plazo para hacer buena la transposición de la obligación de pagar las 2 últimas semanas del permiso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social dijo que Bruselas multaría a España con al menos 7 millones de euros por incumplir esta disposición y que la cifra iba a subir si el incumplimiento persistía.
Además, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y del de Trabajo han indicado a la agencia de noticias Europa Press que han subrayado a su socio de Gobierno "por todos los cauces, formales e informales", que la situación "no es de recibo" y que "penaliza de forma grave" a las familias de España. "No es de recibo que las familias de nuestro país no tengan los derechos de conciliación mínimos que Europa exige", han advertido.
En este sentido, los 2 ministerios han dicho que es una cuestión que está en el Acuerdo de Gobierno y que hay que llevarla a cabo "de inmediato", sin esperar a los PGE (Presupuestos Generales del Estado): "hay que garantizar la ampliación de los permisos retribuidos y de los permisos de nacimiento para cumplir de una vez con la directiva".
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