La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha cambiado de estrategia, tras varios meses señalada como presunta culpable de varios delitos y guardando silencio.
Sobre uno de los temas de los que se le acusa, de apropiación indebida del software de la Universidad Complutense para su beneficio personal, afirma que su actuación en la inscripción de dicho software se realizó respetando las directrices de la institución académica y exige al juez Juan Carlos Peinado que cite a declarar a 4 testigos para respaldar su versión.
La solicitud, presentada ante el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, incluye los nombres de María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga, pertenecientes a la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Complutense, así como de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, y Zulma Escalante, codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG.
Esclarecer las acusaciones
Además de estos testimonios, la defensa de Gómez, liderada por el ex ministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado que también comparezcan María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, integrantes de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI). Estas peticiones están recogidas en un escrito presentado tras la admisión a trámite de la querella interpuesta por la asociación ultraconsevadora 'Hazte Oír'.
La organización acusa a Gómez de apropiarse indebidamente del programa informático desarrollado en el marco de una cátedra financiada por empresas, además de atribuirle un presunto caso de intrusismo al participar en la redacción de pliegos técnicos relacionados con la contratación de un servicio para crear una plataforma de medición de impacto en pequeñas y medianas empresas.
Correos que probarían su versión
Además, la defensa de Gómez ha aportado correos electrónicos como prueba documental, argumentando que cualquier firma realizada en los pliegos técnicos se llevó a cabo bajo indicación expresa de la Complutense. Según Camacho, estos mensajes demostrarían que Gómez actuó siguiendo las instrucciones de la universidad y no de manera unilateral.
En concreto, destaca que María José Sánchez Rosales, una de las personas citadas, firma 2 de los correos presentados en la causa, documentos que, según la defensa, avalan que Gómez no tuvo intención de apropiarse de recursos ni actuar fuera del marco normativo.
La defensa también ha subrayado la relevancia de la declaración de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la UCM, quien la semana pasada afirmó ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que la firma de los pliegos técnicos se ajustó a las normativas establecidas por la universidad. Según los abogados de Gómez, este testimonio resulta clave para demostrar que no hubo irregularidades en el proceso.
Si quieres recibir más temas como éste, puedes suscribirte a nuestras alertas gratuitas de noticias de Whatsapp o Telegram. También tenemos un boletín gratuito de noticias que llegarán a tu e-mail. Además, nos puedes seguir en Google News.
Si (
No(
