La comisión aprobó el miércoles una serie de recomendaciones tras su visita a Madrid en mayo pasado para investigar un conjunto de peticiones sobre bebés supuestamente sustraídos al nacer por parte de personal hospitalario en diversos puntos del país.
Banco público de ADN, fiscalía especializada
Los eurodiputados reclaman la creación de un banco público de ADN para verificar la identidad de las posibles víctimas de secuestro de bebés. Los test de ADN deberán ser gratuitos y no requerir una orden judicial o de la fiscalía.
También instan a la fiscalía a investigar las denuncias en detalle y recomiendan el nombramiento de un fiscal especial para esta tarea, así como un grupo de jueces para investigaciones “ad hoc”. Piden asimismo la unificación de criterios en los procedimientos judiciales para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito.
El Gobierno y la Iglesia deben facilitar el acceso a los documentos del registro civil, los registros de nacimiento de los hospitales y de las parroquias y congregaciones religiosas. Los eurodiputados animan a las autoridades eclesiásticas a reconocer “su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales” y a disculparse ante las víctimas.
Apoyo a las víctimas
Los eurodiputados piden un incremento de los fondos para la oficina de apoyo a las víctimas creada por el Ministerio de Justicia -incluida asistencia psicológica gratuita, orientación jurídica y acceso a información- y el reconocimiento bajo un estatuto especial de víctimas tanto de los padres como de hijos secuestrados, “incluida la posibilidad de compensación estatal”.
La comisión de Peticiones también recomienda la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer si los robos de bebés fueron casos aislados o si tras ellos hubo una trama organizada.
El informe de la misión y las recomendaciones fueron aprobados por 20 votos a favor y 9 en contra. El texto será ahora enviado al presidente de la Cámara. El grupo PPE anunció que adjuntará al informe una opinión particular, en virtud de la regla 52 del Reglamento del PE.
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