La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este martes unas duras declaraciones contra el fiscal general del Estado y el Gobierno central.
A su llegada a un desayuno informativo de 'Nueva Economía Forum' que protagonizaba su jefe de filas, Alberto Nuñez Feijóo, Ayuso fue preguntada sobre el reciente auto del Tribunal Supremo sobre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el caso de filtraciones de datos de su pareja, Alberto González Amador.
“Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice expresamente, y esto es la utilización de la Fiscalía que debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales”, afirmó la presidenta madrileña.
En sus palabras, denunció una instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos, lo que, según señaló, pone en riesgo los pilares fundamentales del sistema democrático y el Estado de derecho. A su juicio, se trataría de un caso semejante "salvando las distancias", dijo, al famoso 'caso Watergate' de EEUU, que le costó el cargo al por entonces presidente Richard Nixon.
Ayuso denunció de manera contundente el caso: “La valoración que hago después de haberse conocido el auto del Tribunal Supremo acerca de las revelaciones del Fiscal General del Estado es que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí”.
Exige dimisiones inmediatas
La líder regional no se quedó únicamente en señalar responsabilidades, sino que exigió consecuencias inmediatas para quienes considera responsables de esta situación.
“El Fiscal General del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para España y el Estado de Derecho”, aseveró Ayuso, haciendo referencia al entorno vinculado al caso que está siendo investigado.
Daños a la Fiscalía
La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó que se haya utilizado una institución pública como la Fiscalía, cuya función es garantizar el respeto a la legalidad, para lo que calificó como un ataque político.
“Se ha fijado esta instancia, esta institución para dinamitar el Estado de Derecho, para vulnerar los derechos de un ciudadano, lo más grave, para poner en peligro al Estado de Derecho de todos los españoles”, declaró.
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