La magistrada encargada de investigar las muertes derivadas de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha ofrecido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la posibilidad de comparecer voluntariamente.
Mientras, ha imputado formalmente a la que fue su consejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, y también a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico del área.
El auto emitido por la jueza supone un revés para el gobierno de Mazón y su equipo. En él, se le atribuye la responsabilidad por haber proporcionado avisos tardíos e inadecuados a la población, lo que exacerbó las consecuencias del fenómeno meteorológico.
Además, cuestiona la argumentación oficial según la cual organismos estatales -del Gobierno central- habrían omitido información crucial sobre la situación climática.
En este tema, la jueza es contundente: tanto la Aemet como la Confederación Hidrográfica enviaron alertas claras sobre lo que podía ocurrir.
El auto, a fondo
En palabras textuales del auto: "El problema no radica en la falta de datos disponibles, ya que existían abundantes advertencias accesibles para los responsables, sino en que dicha información o bien fue ignorada, o no se entendió su magnitud -lo que también sería gravísimo-, o simplemente no se adoptaron medidas adecuadas por quienes poseían capacidad de decisión".
La jueza Ruiz Tobarra recalca que correspondía a las autoridades regionales "alertar a la ciudadanía, acordar acciones pertinentes dentro del ámbito de protección civil y garantizar la minimización de los efectos devastadores de unas precipitaciones que resultaban previsibles". Este auto subraya que la omisión gubernamental constituye "la base de una negligencia con relevancia penal, es decir, imprudencia grave".
La magistrada añade también: "No era necesario declarar una emergencia nacional. Bastaba con tomar la decisión de advertir a los ciudadanos para que buscaran refugio en zonas elevadas". "Esto sigue sin explicarse, ni para los familiares de las víctimas ni para esta juez instructora", comenta.
La jueza enfatizó además que la activación del CECOPI -Centro de Coordinación Operativa Integrada- debió producirse mucho antes, específicamente por la mañana del día 29 de octubre. "El aviso emitido a las 20:11 horas llegó tarde y careció de precisión. La convocatoria del CECOPI sufrió una considerable demora", indicó.
Gestión de emergencias en entredicho
El texto del auto destaca que no solo hubo errores en la comunicación, sino también en la interpretación de las previsiones meteorológicas. "Las alertas recibidas deberían haber desencadenado la convocatoria del CECOPI desde primera hora del día, con el fin primordial de proteger a la población mediante una información temprana y precisa", afirmó la magistrada.
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