El Ministerio de Transportes que encabeza Óscar Puente ha terminado la segunda auditoría sobre los contratos públicos que el comisionista, Víctor de Aldama, había denunciado que habían sido amañados mientras José Luis Ábalos estaba al frente del Ministerio. El pasado viernes se conoció el primero sobre las adjudicaciones de Adif y de su división de alta velocidad. Los funcionarios habían estudiado 373 expedientes y llegaron a la conclusión de que no había irregularidades.
Este segundo informe estudia 39 proyectos de carreteras y ha alcanzado una misma conclusión. El documento, que ha sido desvelado por el diario 'El País', indica que en solo 21 de los 39 casos denunciados se había licitado el contrato por obras y que en 15 de esos 21 casos se realizó por los predecesores de José Luis Ábalos en el cargo, tanto del Partido Popular como del PSOE. de todas formas, determina que "ninguna tramitación o gestión de dichos expedientes ha devenido en la constatación de actuación irregular.
No se aprecia ninguna actuación irregular
Además, de la tramitación de las modificaciones de los contratos no se ve ninguna actuación irregular, porque el esquema de garantías y controles que se establece por el ministerio anula casi del todo la posibilidad de comisión de algún tipo de fraude o irregularidad en su tramitación". La auditoría admite que "no se aborda el detalle de la gestión de los contratos modificados por exceder el objeto de esta nota, estando los expedientes disponibles en su totalidad en caso de ser requeridos".
El informe también habla sobre las inexactitudes del documento de denuncia de Víctor de Aldama, que mantiene que los contratos estaban preadjudicados a cambio de comisiones. En ese contexto, según esa versión, se había suscrito un contrato con el ex ministro Ábalos para adjudicarle la propiedad de un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, que estaba valorado en casi 2 millones de euros como garantía si no se pagaban las mordidas.
Según los funcionarios de Transportes, esto indica que "la documentación presentada recoge diversos epígrafes subrayados en color rosa o verde" que son los contratos preadjudicados supuestamente. De esta manera, "es necesario destacar que los epígrafes subrayados en rosa no son obras a licitar, sino un instrumento de ordenación del anexo para mayor claridad. Los epígrafes subrayados en verde sí son proyectos en marcha o planificados a futuro, por lo que serán objeto de licitación de un contrato de obras".
Sobre las acusaciones de Aldama, Adif habí dicho en su informe del viernes que la documentación que presentó Aldama se basa en "varias páginas de documentos incluidos en el Borrador/ Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021", las cuales se refieren a "partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de km. o conceptos muy amplios".
Además, Adif señalaba que "una vez filtrados bajos esos condicionantes la información que obra en los sistemas, se acotó inicialmente en 373 contratos entre ADIF y ADIF AV conjuntamente".
De esta manera, de los otros 153 contratos, el informe de Adif ha encontrado 7 coincidencias correspondientes a 7 expedientes de contratación. "Como ha quedado acreditado, de manera motivada, ninguna tramitación/gestión de dichos expedientes de contratación ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular", ha indicado la compañía.
"Adicionalmente y dadas las concreciones en las manifestaciones realizadas se amplió el estudio dos contratos con la mercantil Aridos Anfersa S.A., contratos que una vez revisados se descarta de manera fehaciente la existencia de trato de favor o arbitrariedad alguna", manifiesta el informe de Adif. En cada uno de os casos el informe ha señalado que no se encuentra ningún indicio de trato de favor o arbitrariedad.
Como conclusión el informe manifiesta que no hay ninguna evidencia que pruebe esas acusaciones de irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de Adif y Adif AV en medio del periodo investigado. Así, desde Adif se ha subrayado la falta de solidez de la documentación que ha llevado Aldama al Supremo y ha remarcado la transparencia y legalidad de los procesos de contratación estudiados.
Las acusaciones de Aldama
El pasado 4 de diciembre, que fue cuando Víctor de Aldama sacó un informe en el que el empresario hablaba de un "reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios". Según comentó, "la mayoría de estos contratos fueron adjudicados a 3 empresas relacionadas con Koldo García": Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áfridos Anfersa y Levantina, Ingeniería y Construcción.
De Aldama dijo que los responsables de esas compañías habían sido "avistados" con Koldo García por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los seguimientos hechos en el marco de la investigación. Y subrayó que, "como complemento", tenía una "relación de obra pública, pre-adjudicada, que se licitaría de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras".
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