La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la que fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y otras 15 personas.
Lo hace por su gestión en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el educador que era el ex marido de la política de Compromís, al entender que existen indicios suficientes para encausarlas.
La causa había sido archivada el pasado mes de abril por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de València al considerar que no existían "indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado".
Desde Compromís confiesan que temían que esto pudiera pasar porque denuncian que se trata de una campaña judicial y política contra su ex líder, definiéndolo como "lawfare".
Lo que dice ahora la Audiencia de Valencia
Sin embargo, la Audiencia de Valencia dice ahora: "Tras examinar el resultado de la instrucción practicada, que se expone de forma pormenorizada en la resolución impugnada, la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento”, señalan los magistrados.
Para la Sala, dichos indicios justifican que, una vez que se practiquen las diligencias que se estimen necesarias, “la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral”.
De este modo, el Tribunal ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por la acusación particular -que ejerce la víctima de los abusos- y de dos acusaciones populares, ejercidas por Vox y la asociación Gobierna-Te, y ha revocado el sobreseimiento provisional de las diligencias decretado el pasado 2 de abril por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
¿Ocultaron el abuso?
Según se recoge en el auto de apelación, que ha sido notificado este jueves a las partes, es posible sostener como una “hipótesis plausible” el hecho de que las personas bajo cuya tutela y protección se encontraba “habrían pretendido ocultar el abuso sexual”.
Para ello, “se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas”, precisan los magistrados.
De esta manera, a juicio del Tribunal, se habría omitido “tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, evitando así que pudiera ejercer el control previsto en el art. 209” del Código Civil.
En estas diligencias previas figuraban como investigados, hasta que se sobreseyeron provisionalmente, la propia exvicepresidenta del Consell y técnicos y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como trabajadores del centro concertado donde la entonces menor se hallaba acogida cuando sufrió los abusos sexuales, entre 2016 y 2017.
“Resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida”, recoge la resolución judicial.
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