Otro caso presentado contra Podemos o sus dirigentes que se queda en el camino. Este viernes hemos conocido que el juez Juan José Escalonilla ha archivado la causa sobre el supuesto uso de personal ministerial por parte de Irene Montero y Pablo Iglesias para el cuidado de sus hijos.
Estas supuestas cuidadoras eran Gara Santano y Teresa Arévalo, ayudantes y asesoras del entorno de Podemos, pero el magistrado considera en auto que "no consta un solo indicio" de que las imputadas se dedicaran a estas tareas personales a costa del "erario público", como se acusaba.
El caso llenó portadas de periódicos y los medios conservadores que buscaban dañar la imagen del entonces vicepresidente segundo del Gobierno y la todavía ministar de Igualdad dedicaron horas a denunciar los supuestos hechos.
El auto de Escalonilla reza, literalmente: "De las diligencias de investigación practicadas no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público".
El 'caso niñera'
El conocido como 'caso niñera', investiga un presunto delito de administración desleal contra la titular de Igualdad, Irene Montero y la asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, para determinar si ésta realizó funciones de cuidadora de la hija menor de la ministra, pagada con fondos públicos.
El caso tiene su origen en la denuncia de la ex abogada del partido, Mónica Carmona, que acusó a Montero de usar a Arévalo como cuidadora de su hija pequeña durante un viaje en la campaña electoral de 2019. Arévalo dejó el acta de diputada en mayo de 2019 y fue en agosto cuando nació la última hija de Iglesias y Montero.
El juez abrió esta investigación como una pieza separada del llamado 'caso Neurona', que a su vez procedía de una denuncia de José Manuel Calvente, otro ex agogado despedido por Podemos y que como represalia inició este proceso legal. Esa causa, que aseguraba que había una caja B en el partido morado, también se descartó por la Justicia.
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