El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto con el reglamento para combatir el acoso laboral a las personas LGTBI en el trabajo.
El Ejecutivo acordó la normativa junto a los sindicatos y la patronal el pasado mes de junio y ahora ha recibido la luz verde del cónclave ministerial.
El objetivo es garantizar la igualdad en el entorno laboral y evitar la discriminación del colectivo.
"Con esta norma lo que hacemos es llevar la democracia a las empresas y acabamos con una de las formas más agresivas de discriminación en nuestro país", ha enfatizado la ministra y vicepresidenta, Yolanda Díaz, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de las medidas aprobadas en el Consejo de hoy.
El nuevo reglamento se engloba dentro de la 'Ley trans', aprobada hace más de un año.
Con esta normativa se pretende fomentar la igualdad y la no discriminación, especialmente de las personas trans, pues como ha recordado Díaz, "4 de cada 10 personas" son expulsadas de los procesos laborales por esta condición.
Medidas, protocolos y formación
El reglamento cuenta con varias medidas para reducir la discriminación y potenciar la igualdad así como un protocolo ante situaciones de acoso por motivos de identidad de género o de orientación sexual.
Además, cuando la normativa entre en vigor (una vez supere el trámite parlamentario) se deberá trasladar a los convenios colectivos de las empresas las cláusulas para crear entornos favorables a la diversidad. Se especifica que deberán recoger de manera específica no solo a la orientación sexual e identidad de género, sino también a la expresión de género y a la diversidad familiar.
Y las empresas deberán ofrecer también formación en materia de derechos del colectivo LGTBI.
Aplicable en empresas de más de 50 trabajdores
Las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que aplicar el reglamento y tendrán que comenzar a negociar las medidas en un plazo de 3 meses.
La que tengan 50 o menos podrán negociarlo de manera voluntaria.
La Inspección de Trabajo estará dotada para sancionar a las empresas que incumplan el reglamento y en los convenios deberá catalogarse como infracción "muy grave" los ataques a la libertad sexual de los trabajadores.
Y si no se llega a ningún acuerdo, las empresas tendrán que aplicar como "mínimo" las medidas del decreto.
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