La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la Fiscalía Europea asuma toda la investigación abierta sobre varios contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, conocida como el 'caso Koldo', y ha pedido a la Audiencia Nacional que eleve el caso al Tribunal Supremo para que decida quién se queda la causa.
El fiscal Luis Pastor ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso 'RTVE', al juez Ismael Moreno en el que solicita que plantee una cuestión de competencia al alto tribunal para saber quién continúa con la causa, que afecta a Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos y a otros investigados por presuntas comisiones en adjudicaciones públicas.
De manera subsidiaria, el fiscal defiende que la Audiencia Nacional mantenga la competencia del caso respecto a todos los delitos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario que investiga el juez, y que la Fiscalía Europea investigue "exclusivamente" si hubo delito contra los intereses financieros de la UE en tales expedientes.
Dice que la investigación es "más amplia" y afecta a "intereses nacionales"
El fiscal cree que procede remitir testimonio de la causa a la Fiscalía Europea, pero que el procedimiento debe seguir en el juzgado hasta que el Supremo resuelva quién se queda con él.
Para Pastor, la investigación del Juzgado Central es "mucho más amplia y compleja" y alcanza a delitos ajenos a la competencia directa de la Fiscalía Europea.
"Es una trama que desborda con mucho la mera adjudicación de unos contratos afectos a fondos europeos, pues se expande por distintas Administraciones Públicas", insiste.
Asimismo, señala que se trata de comportamientos que "afectan directa y esencialmente a intereses nacionales" y que la Fiscalía Europea tiene como "principal finalidad y cometido" la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, respecto de los que "no hay indicios de que se hayan visto perjudicados".
En el escrito, el fiscal explica que hasta el momento, no hay indicio alguno de la "comisión del delito de malversación", ya que los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores a los satisfechos en otros contratos de suministro del mismo material.
Fue el pasado 30 de mayo cuando la Fiscalía Europea anunció su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocido como 'caso Koldo', incluidos los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios.
"Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", indicaba el comunicado enviado por la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
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