La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción un trato de favor y una supuesta trama de corrupción sistemática de Alberto Núñez Feijóo, durante su permanencia en la presidencia de la Xunta de Galicia, con la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, que dirige su hermana Micaela Núñez.
La Xunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, ha adjudicado más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Feijóo accedió a la Presidencia en mayo de 2009.
La AECC asegura que más del 77% del presupuesto que la Xunta de Galicia ha adjudicado contratos a las empresas del grupo que dirige la hermana de Alberto Núñez Feijóo.
Según esta organización, desde que Feijóo dirigía la Xunta, se entregaron ayudas públicas a entidades instrumentales donde el presidente gallego supuestamente colocó a dedo amigos, cargos del PP y militantes del partido.
Supuesto trato de favor en la Xunta
La directora de Eulen para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del ex jefe del Ejecutivo gallego, que en 2016 fue ascendida a ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia.
AECC explica que durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su récord de adjudicaciones de la Xunta hasta entonces, con 6,2 millones de euros.
Según ha podido comprobar el diario ‘Público’, tras analizar los más de 150 contratos del grupo con la Administración, entre los años 2009 y 2021 existe una coincidencia temporal en las adjudicaciones y los movimientos de altos cargos.
Además, AECC informa de que el principal cliente público del grupo empresarial en Galicia era el Servicio Gallego de Salud (Sergas), habiéndosele otorgado más de 8,7 millones de euros durante ese periodo, que vendría a ser una media de 770.000 euros por ejercicio, que es 6 veces más de lo que obtenía con el gobierno anterior.
AECC en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción solicita que se inicien actuaciones para investigar estos hechos sospechosos de corrupción de empresas adjudicatarias de servicios públicos y proceda como corresponda.
La plataforma denunciante señala que “del abrumador trato de favor se puede deducir un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción sistemática”.