No se ha llegado a ningún acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería. La reunión entre el Gobierno, el PP y los presidentes de Canarias y Ceuta, que se ha mantenido este jueves y ha durado casi 2 horas, ha acabado sin una posición común sobre el reparto obligatorio de menores migrantes, lo que era el principal punto de disputa entre el Ejecutivo y los 'populares'.
Los primeros han puesto el foco en la necesidad de reformar el artículo 35 de esa ley para colocar la obligatoriedad del principio de solidaridad en la distribución de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Por su parte, el PP demanda, antes de aceptar este punto, una reforma integral de la política migratoria.
En concreto, los 'populares' habían dicho que solo apoyarían esto si el Gobierno respaldaba sus propuestas sobre esta cuestión, que se encuentran en el "plan de acción" que acordaron en septiembre el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente canario, Fernando Clavijo. "El Gobierno solo debe estampar su firma bajo las de Feijóo y Clavijo si quiere salir con un acuerdo", había indicado el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, momentos antes de la reunión. Entre estas propuestas se encuentra un aumento de los recursos de las comunidades que acogen a migrantes, pedir a la UE despliegue de Frontex o declarar la emergencia migratoria nacional.
"Todo parece indicar que el Gobierno no acepta ese marco de acuerdo entre Feijóo y Clavijo que vincula a 14 comunidades autónomas", ha criticado Tellado a la salida del encuentro.
El Gobierno culpa a la posición "de máximos" del PP
Por su parte, el Gobierno ha echado la culpa al PP por la falta de acuerdo. "La agenda del PP está condicionadísima por las políticas ultras de Vox. Hay una posición de máximos, no ha habido una voluntad ni siquiera de entrar a debatir la posibilidad de buscar una solución de buscar la solución puntual", ha advertido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Mientras, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha subrayado, en unas declaraciones a los periodistas, que la situación que está viviendo Ceuta "es absolutamente insostenible" y, por tanto requiere "esa respuesta de Estado y estructural en un ámbito en el que hay una corresponsabilidad entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas". Una respuesta que, en su opinión, tiene que "construirse a través del acuerdo" y que ha de ser "definida y es clara".
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