El abogado Carlos Aránguez, junto con el equipo jurídico que representa a Juana Rivas, ha manifestado su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el objetivo de lograr que el delito de violencia vicaria sea plenamente reconocido por los tribunales españoles.
Esta figura jurídica se refiere a un tipo específico de agresión donde los hijos son utilizados como instrumentos para causar daño a la madre. De hecho, el Gobierno ya ha pactado con casi todos los grupos parlamentarios en el Pacto contra la Violencia de Género que así sea, pero todavía no está tipifcado como tal.
Aránguez critica la falta de aplicación efectiva en España de las normas que combaten esta modalidad de violencia de género. Según sus palabras, "en nuestro país aún no se asume con la seriedad necesaria este fenómeno".
En este contexto, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Granada ha desestimado la denuncia presentada por Juana Rivas por violencia vicaria, lo que ha llevado a sus representantes legales a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Violencia vicaria
El letrado subraya que cada vez se detectan más casos en los que algunos padres emplean a sus propios hijos como medio para herir a sus ex mujeres. "Es una forma extremadamente grave de violencia que necesita ser abordada con urgencia", afirma Aránguez. En relación al caso de Juana Rivas, destaca que las amenazas y actitudes del padre hacia los menores tienen como objetivo principal someter y perjudicar a la madre.
"Le dice claramente: 'me voy a quedar con tus hijos'. No habla de 'nuestros', sino siempre de 'tus hijos'. Este tipo de comportamientos revela una intención clara de control y sometimiento", explica, destacando cómo estos actos generan un impacto devastador tanto en la madre como en los niños involucrados.
Además, recuerda que los malos tratos infligidos por la ex pareja de Rivas, Francesco Arcuri, a sus hijos han sido objeto de procesos judiciales en Italia. Sin embargo, tal y como advirtió previamente a Juana Rivas, todas las acciones emprendidas contra los menores, incluida su separación forzosa de la madre, tenían como propósito "hacerle la vida imposible".
"El caso de Juana no es solo un episodio individual, sino una causa colectiva que exige respuesta institucional", recalca el abogado. Subraya que el principio de Diligencia Debida obliga a las instituciones, incluidos los órganos judiciales, a implementar de manera efectiva las disposiciones vigentes sobre violencia vicaria. "Debemos proteger tanto a las madres como a los hijos e hijas afectados por esta lacra social", añade.
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