El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha recurrido ante el Tribunal Supremo la investigación de su patrimonio ordenada por el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', e insta a limitar el periodo de las pesquisas "a la adquisición de mascarillas" en el periodo de "emergencia nacional motivado por el COVID-19".
En un escrito al que ha tenido acceso 'RTVE.es', la defensa de Ábalos recurre el auto del pasado 20 de marzo, donde Puente solicitó información a una entidad financiera y a la Agencia Tributaria sobre sus cuentas, y pide al magistrado limitar la investigación a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.
Ábalos argumenta que la investigación es "no sólo prospectiva", sino que "se ha realizado con una clara extralimitación, vulnerando la objetividad que debe de presidir en cualquier informe pericial de la investigación que se realice".
Y añade que "tanto la investigación como la elaboración del informe han sido realizados de tal forma, que no puede definirse de otra manera que no sea por su parcialidad y falta de objetividad".
A su juicio, las medidas adoptadas "no son pertinentes, ni mucho menos son proporcionales, en cuanto a los principios de idoneidad y especialidad, toda vez que se confrontan todos ellos con las actuaciones llevadas a cabo por la UCO", a la que acusa de ampliar "unilateralmente" la investigación.
El magistrado acordó seguir investigando el patrimonio del ex ministro tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se le atribuía propiedades en Colombia, Perú, Valencia y Madrid, además de varios vehículos y más de 200 cuentas bancarias.
Pide "expurgar" información personal y de otros periodos
En el documento, la defensa también señala que en el informe "se ha utilizado información personal y familiar", como imágenes de la boda de Ábalos, que consideran que "nada pueden aportar en la presente investigación".
Así, piden que se haga un "expurgo previo" para evitar daños personales, familiares o a terceras personas ajenas a la causa.
Por otro lado, evita hacer valoraciones sobre el error en la cuantificación del precio de un terreno en Tulua, Colombia que fue adquirido y vendido.
En un inicio, la UCO especificó que había costado más de 2 millones de euros, pero más tarde rectificó y lo rebajó a 751,23 euros por una confusión entre pesos colombianos y dólares americanos.
"Este terreno parece que pertenece también durante la etapa ministerial de mi defendido, esto es entre 2003 у 2013, época en la que, no olvidemos, hubo 2 gobiernos distintos (...) y que al no haberse realizado el previo expurgo se está utilizando una información que nada tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo, sobre todo por los periodos de tiempo a los que se hacen referencia".
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