El ex ministro socialista José Luis Ábalos, a través de su defensa legal, presentó una solicitud para que comparezcan como testigos el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su segundo al mando, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.
La petición busca esclarecer las compras de material sanitario realizadas por el Ministerio a Soluciones de Gestión, empresa central en la investigación de la denominada 'trama Koldo'.
Lista de testigos solicitados
Según documentos a los que accedió RTVE, la defensa del diputado requirió la declaración de:
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El ministro del Interior y su secretario de Estado
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2 miembros de la Guardia Civil (capitán Juan Vicente Bonilla y subteniente José Luis Rodríguez)
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Belén Villar, directora de Organización de Transportes
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José Luis Caramés, empresario vinculado al caso
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3 ocupantes del piso alquilado por Víctor de Aldama
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Antonio Mata, administrador de Royal Premier Hoteles
La investigación judicial reveló que Soluciones de Gestión comercializó equipos de protección por valor de casi 50 millones de euros con diversas administraciones, incluyendo Puertos del Estado, Adif y la Subdirección General de Gestión Económica del Interior.
Pruebas documentales requeridas
El equipo legal de Ábalos solicitó adicionalmente documentación sobre pagos de alquileres realizados por Aldama, mensajes de WhatsApp entre Koldo García y personal del Ministerio, registros de acceso al edificio de Interior entre 2020-2021 y el control de visitas recibidas por el subteniente Rodríguez (2020-2023).
Estas diligencias pretenden contrastar la información contenida en el informe de la UCO, que señala operaciones comerciales entre Interior y la empresa investigada. El juez Ismael Moreno documentó en su auto un "notable incremento patrimonial" en la familia de Koldo García que no correspondía con sus ingresos conocidos.
La defensa de Ábalos busca también aclarar los detalles del apartamento en el paseo de la Castellana, cuyo contrato de arrendamiento data de 2019, y que habría estado vinculado a transacciones anteriores mediante un acuerdo de 20 años firmado en 2012. El procedimiento judicial continúa recabando información sobre los múltiples contratos públicos adjudicados durante la pandemia.
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