La Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente han solicitado reuniones a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para explicar "las gravísimas consecuencias" que tendría la limitación de la acción popular que propone el PSOE en una proposición de ley registrada este viernes.
Ambas asociaciones han difundido este martes un comunicado en denuncia de esta reforma legal bautizada como ley "frente al acoso de acciones judiciales abusivas".
Según advierten, esta reforma que restringe la figura de la acusación popular podría dar lugar a "espacios de impunidad". "La restricción del ejercicio de la acción popular que se pretende supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y tribunales", alertan ambas asociaciones de jueces.
A continuación AJFV y FJI señalan que "en especial, gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del poder judicial".
La reforma legal que registró el PSOE en la Cámara Baja consta de varias medidas, pero probablemente la más trascendental es la limitación de la acción popular.
De aprobarse la norma tal y como la propone el Grupo Parlamentario Socialista, las acusaciones populares no podrían intervenir en la fase de instrucción (investigación) judicial. Tan sólo podrían hacerlo al presentar una querella o denuncia que de pie a la apertura de diligencias; al recurrir un auto de sobreseimiento (cuando el juez rechaza seguir investigando); y en la fase del juicio oral.
De manera que, en las causas en las que no hay afectados directos -es decir, acusaciones particulares-, sólo podría reclamar diligencias de investigación la Fiscalía, y no las acusaciones populares.
En el comunicado conjunto que han difundido este martes, AJFV y FJI recuerdan que "la acción popular está prevista en el artículo 125 de la Constitución como derecho de los ciudadanos e implica la posibilidad de formular acusación distinta e independiente de la posible acusación pública del Ministerio Fiscal y la acusación particular".
De manera que estas organizaciones no comulgan tampoco con el punto de la reforma legal que exige a las acusaciones populares "un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente". Ni tampoco consideran que se deba prohibir el ejercicio de la acusación popular a "partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos", como establece la proposición de ley del Partido Socialista.
Además, como era de esperar, ni APIF ni FJI aceptan que se impida ejercer la acción popular a las asociaciones profesionales de jueces.
"Supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera", argumentan en un escrito conjunto de 3 folios de extensión.
Por otro lado, señalan que "si lo que se pretende es acabar con el estigma social que se genera a las personas investigadas por una instrucción judicial, o limitar la llamada 'pena de banquillo', lo correcto sería dotar a los órganos judiciales de medios adecuados para que los procedimientos se puedan completar en periodos de tiempo razonables".
Reformar el sistema de elección del Poder Judicial
En el mismo escrito, las asociaciones instan a "reformar de manera urgente y definitiva el sistema de elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Sin embargo, el Gobierno y el PP ya pactaron que antes de acometer la reforma pedirían al CGPJ un informe sobre modelos análogos de elección de vocales, y este órgano aún no lo ha remitido.
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