Energía y sustentabilidad

Cuando en Europa se habla de América Latina, se piensa en un continente homogéneo en que resulta difícil distinguir entre un país y otro, pero quiero recordar las palabras del periodista Marcel Niedergang, que describió a las civilizaciones latinoamericanas como “Las veinte Américas Latinas”.

Diferente de la América anglo-sajona, se extiende con su diversidad desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia y los hielos antárticos.

Su diversidad geográfica, étnica, política y sociológica es evidente.

La visibilidad más intensa en los tiempos actuales está marcada por los vaivenes políticos que han marcado a Latinoamérica por una oleada de dictaduras militares que practicaron una fuerte represión, donde las violaciones a los Derechos Humanos se convirtieron en una práctica habitual.

El afán de hacer justicia tuvo matices intensos cuando el dictador chileno Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres a requerimiento de la justicia española. La orden de detención provisional que lo acusaba de delitos de genocidio y terrorismo, caló hondo en la sociedad chilena y porque no decirlo en la comunidad internacional.

De aquello han pasado 10 años.

Los gobiernos populistas de derecha han abierto el paso a la democracia, pero también al populismo de izquierda. En medio de esa realidad, una de las preocupaciones fundamentales de algunos países de la región ha estado centrada en el crecimiento económico y la distribución de la riqueza.

Chile se inscribe en esa realidad, toda vez que siendo el principal productor de cobre del mundo, carece de combustibles fósiles para enfrentar los nuevos desafíos.

A juicio del académico de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado Grünwald, el significativo crecimiento de la economía nacional, especialmente  durante los años 1986-1998, se tradujo en una fuerte expansión de la demanda de energía primaria.

Entre 1986 y 2000, la demanda de derivados del petróleo creció a una tasa promedio anual de 5,9%, y la demanda de electricidad en un 8,2%. En los primeros años de los 2000 el crecimiento de la demanda eléctrica superó largamente el del PIB. No existen antecedentes que indiquen que la dinámica de la demanda energética pueda reducirse en forma significativa, debido a la elevada tasa de crecimiento del parque de vehículos automotores, el desarrollo industrial y el proceso de electrificación residencial y comercial.

Si Chile  creciera al 5% anual, como consideran los expertos, el consumo energético se duplicará hacia el 2022 y se triplicará hacia el 2030.

La situación descrita es preocupante, debido a que Chile es un país altamente dependiente de las importaciones de energía. La dependencia energética por fuentes puede sintetizarse de la manera siguiente: el país importa un 97% de sus necesidades de petróleo, un 84% de sus necesidades de carbón, un 78% de sus necesidades de gas natural.

Desde el punto de vista de la política energética, como país, estamos frente a un punto de inflexión en el debate; quizás, es más propio decir en el discurso, ya que es difícil determinar cuánto de dicho discurso se materializará en el corto y mediano plazo, habida cuenta de la urgencia por actuar. Sin duda,  abrir un tema, que en Chile parecía cerrado -prácticamente en forma definitiva-, es extraordinariamente positivo.

Conviene analizar qué fue lo que gatilló este cambio. Los problemas de abastecimiento de gas natural han permitido que estemos discutiendo cambios en la legislación eléctrica, diversificación de la matriz energética, intervención del Estado en el mercado, eficiencia energética e introducción significativa de las energías renovables en los sistemas interconectados.

Las restricciones del abastecimiento de gas natural proveniente de Argentina, han sido cada vez más críticas, como que durante el invierno 2007 sólo tuvimos acceso a gas natural para abastecer el consumo domiciliario, obligando a la industria a retomar el consumo de petróleo, cuyo costo es varias veces superior y al mismo tiempo altamente contaminante.

Para la capital de Chile constituye un grave problema el invierno, porque la ciudad de Santiago, con sus 6 millones habitantes, está rodeada de cerros que impiden las evacuación de los gases tóxicos.

El año pasado, la Empresa Nacional de Petróleo y las compañías distribuidoras actuaron como un soporte indispensable para la seguridad energética del país, respondiendo con eficacia a la nueva realidad del mercado interno.

Así, se respondió a la demanda normal de combustibles de un país en crecimiento y, además, se logró satisfacer los elevados requerimientos del sector termoeléctrico, el cual debió generar con diésel, como sustituto del gas que dejó de fluir desde Argentina.

Esto le significó a Enap operar sus refinerías al límite para producir los combustibles requeridos y, además, implicó un gran esfuerzo logístico para importar los volúmenes extraordinarios de diésel necesarios para complementar su propia producción.

Entre los planes de mediano plazo que se enmarcan en esta política destacan la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Quintero y los avances para instalar una similar en el norte de Chile; los estudios para evaluar la factibilidad de la energía nuclear en el país; las decenas de proyectos para generación eléctrica a lo largo del país; la construcción de un nuevo complejo de refinación para crudos pesados en Concón en la costa del Pacífico; el desarrollo de la energía geotérmica, a cargo la Empresa Nacional de Geotermia, y la adjudicación de nueve bloques para la exploración de hidrocarburos en Magallanes, a través de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP), que culminó exitosamente en noviembre pasado, con la participación de importantes compañías petroleras internacionales y el compromiso de éstas para invertir en la Región de Magallanes más de US$ 200 millones en los próximos cinco años.

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En Chile, la utilización de la energía nuclear es una alternativa que no excluye y por lo tanto habrá más estudios, debate y polémica como en otras partes del mundo.

El académico del CESOC, Centro de Estudios Sociales, Rafael Vargas-Hidalgo, en un libro que acaba de publicar, (“Energía Nuclear y energía renovable, Qué conviene a Chile”) considera los aspectos científicos, tecnológicos, sociales y políticos. Hace un análisis sobre el uso de fuentes energéticas, especialmente de la energía nuclear y de las energías renovables.

Sólo como ilustración afirma que: la energía nuclear se basa en el uranio, y Chile carece de él. Más aún, las reservas de uranio se están agotando en el mundo, por lo tanto no constituye una solución energética en el largo plazo.

La tecnología tiene alto costo, más aún si está en constante evolución. Habría que importarla con el encarecimiento que ello significa desde el punto de vista financiero.

No hay seguridad  garantizada para depositar los residuos nucleares en un país como Chile, sometido a terremotos cíclicos, provocados por el choque de la placa de Nazca con la placa continental. Si agregamos la cadena de volcanes en la cordillera de Andes, tenemos un cuadro de inestabilidad extrema, que impide garantizar la ocurrencia de una catástrofe nuclear.

Como se puede observar, la polémica recién comienza y encontrar los caminos que resuelvan el problema energético de los chilenos, parecen altamente complejos, por la gran cantidad de intereses que se mueven en torno a ellos.

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Sergio Campos Ulloa
Profesor de Periodismo de la Universidad de Chile
Periodista, Conductor de “EL DIARIO DE COOPERATIVA”

(Este artículo es un resumen de la ponencia presentada por el autor en el Congreso Anual de Análisis sobre Latinoamérica efectuado en Burgos)