El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que se encuentra investigando la gestión de la DANA en València, ha decidido citar a declarar a 13 nuevos testigos, entre los que se encuentra Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
El director y el subdirector de Emergencias, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví, son algunos de los otros citados como testigos, según ha dicho este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha señalado que la juez ha rechazado que algunos de esos cargos públicos vayan a ser citados como investigados.
En concreto, la jueza ha rechazado imputar a Polo en la causa, tal como pedía la defensa del ex secretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en el procedimiento junto a la ex consellera Salomé Pradas.
La jueza también advierte que, de acuerdo con el informe pericial que ha aportado la defensa de Argüeso sobre sus comunicaciones el pasado 29 de octubre, el entonces alto cargo de Emergencias señaló a las 14:44, en referencia a la zona de Carlet: "Los barrancos están a punto de colpasar". "Lo que supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo".
La magistrada también ha rechazado la imputación del jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset; de la funcionaria Inmaculada Piles, y de la técnico de comunicación del 112, Aurora Roca. en cambio ha admitido, por el contrario, su declaración como testigos, a la que hay que añadir a la comisaria de aguas de la CHJ, Cristina Sola; el actual director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla; el gerente de la empresa pública SGISE, Raúl Quíles; la directora general de Prevención de Incendios, Rosa Tourís; al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y a la comisaria jefa de la Policía autonómica, Marisol Conde.
Además, también ha decidido citar de testigos a los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat; de Catarroja, Lorena Silvent, y de Sedaví, Josep Francesc Cabanes.
Desestimado recurdo de la defensa
En otro auto que se ha dictado este jueves, la jueza desestima el recurso de la defensa de Emilio Argüeso contra la resolución que tomó de pedir las llamadas al 112 de las víctimas cuyos familiares autorizaran la medida. "El auto recurrido", afirma la magistrada, "no admitió la obtención indiscriminada de todas las grabaciones de las llamadas al 112, dejando, sin embargo, la puerta abierta, como sí se ha hecho, de obtener las grabaciones cuando la persona llamante prestara su consentimiento a tal efecto".
La instructora también pone en duda la alegación de Argüeso de que una posible filtración de las llamadas terminara causando "alarma social y daño a las víctimas". Por el contrario, el auto señala que eso "no se corresponde" con lo dicho por muchas de las víctimas.
También indica que las alegaciones del ex alto cargo de Mazón investigado en la causa sobre las llamadas al 112 resultan "contradictorias" con la aportación de las comunicaciones y mensajes que dijo haber recibido en su teléfono personal el día de la DANA y cuya transcripción dio su defensa en un informe pericial poco antes de su declaración del pasado 11 de abril.
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