El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto el nombramiento de Emilio Sánchez Ulled, de la Unión Progresista de Fiscales, para ocupar la nueva fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública.
Lo ha hecho durante la reunión del Consejo Fiscal, en el que 7 de los 12 fiscales se han abstenido por 2 cuestiones: consideran que la nueva plaza no es necesaria y choca con la Fiscalía Anticorrupción y creen que "no es ético ni estético" que el fiscal general nombre a un fiscal de Sala que abordará delitos como la revelación de secretos por la que se le investiga en el Tribunal Supremo.
Pese a que este lunes la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) remitió a García Ortiz una misiva solicitando que se abstuviera del nombramiento, el fiscal general ha seguido adelante con la designación para ocupar la plaza creada por el Ejecutivo.
Mientras que los 6 miembros de la AF y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se han abstenido por estos motivos, vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han señalado que el nuevo fiscal de Delitos contra la Administración Pública "no influirá en absoluto en el futuro procesal del fiscal general".
Ese fiscal será Emilio Sánchez Ulled, que accedió a la carrera en 1994 y desde el 2017 es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Se trata de un fiscal con una extensa experiencia en la lucha contra la corrupción. Entre 2005 y 2017 fue fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción y dirigió la acusación en el 'caso Palau' y el juicio por la consulta nacionalista del 9-N.
La Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública y la de Delitos Económicos han sido creadas por el Gobierno como parte del Plan de Regeneración Democrático aprobado en septiembre de 2024.
Mientras que fuentes de la Fiscalía General del Estado consideran que estas 2 nuevas plazas "reforzarán la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción", 7 de los vocales del Consejo Fiscal creen que se va a producir una invasión de competencias.
Además, señalan que García Ortiz no debería haber hecho ninguna propuesta para el nombramiento de un fiscal que a su juicio podría influir sobre la causa en la que se le investiga.
Las críticas de la Asociación de Fiscales
La carta remitida por la Asociación de Fiscales sentenciaba que el nombramiento ejecutado finalmente por García Ortiz compromete "la imagen" del Ministerio Público. El escrito se dirigía personalmente al fiscal general, en nombre de toda la asociación: "Le pedimos que no comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad".
Pese a que la AF y también la APIF consideran que en el nombramiento de Ulled media un "interés personal", los vocales de la UPF, asociación que en su día presidió García Ortiz, rechazan de lleno esta tesis.
Estos fiscales descartan que Ulled vaya a tener una influencia directa en la situación procesal de García Ortiz, investigado en el Supremo por presuntamente revelar información confidencial relativa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y recuerdan que la doctrina de las fiscalías especializadas no es tal hasta que pasa por la Junta de Fiscales de Sala.
Otros tres nombramientos
El nombramiento de Emilio Sánchez Ulled ha sido sin duda el más polémico del día, pero no el único. También se ha nombrado a Fernando Rodríguez Rey como fiscal de Sala coordinador de Delitos Económicos. La Fiscal Superior de Asturias, Eugenia Prendes, pasará a liderar la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, y Mario Jesús Sanz será el fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial.
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