Nuevo giro en la política migratoria de Donald Trump, esta vez por orden judicial.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno del país que suspenda "hasta nueva orden" la expulsión de inmigrantes venezolanos a El Salvador.
Estas expulsiones se estaban amparando en la 'ley de Enemigos Extranjeros'. El Ejecutivo de Trump está deportando a venezolanos considerados como terroristas a El Salvador en base a esta normativa, pero el máximo órgano judicial del país ha ordenado paralizar de inmediato estas maniobras.
La orden afecta principalmente a los migrantes detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte de Texas.
Los allí detenidos están acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.
El Gobierno decretó a esta organización como banda terrorista, por lo que empezaron a aplicar esta controvertida norma del siglo XVIII.
La última vez que se aplicó fue en la Segunda Guerra Mundial
Se trata de una legislación que solo se ha empleado en tiempos de guerra. De hecho, la última vez que se ejecutó fue durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se empleó para recluir a civiles con orígenes japoneses en centros.
Con este pretexto, Trump ordenó expulsar a los migrantes venezolanos detenidos en dicho centro. Unas deportaciones que se estaban llevando a cabo "en caliente" sin corroborar el estatus migratorio de los detenidos ni siguiendo el protocolo ordinario para estas prácticas.
In an emergency hearing tonight, Judge Boasberg stated he found the Trump administration’s failure to provide people due process before deporting them to a foreign prison is inconsistent with the Supreme Court’s recent directive.
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— ACLU (@aclu.org) 19 de abril de 2025, 3:13
El Alto Tribunal ha tomado la decisión tras el recurso de urgencia presentado por los abogados de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Hace unos días el Supremo había permitido llevar a cabo estas expulsiones al levantar una orden federal que las prohibía, pero puntualizó los derechos que debían tener los inmigrantes afectados, como la notificación y el derecho a la impugnación.
Algo que no se estaba cumpliendo y el tribunal ha decidido paralizar las maniobras hasta nuevo aviso.
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