El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha cuestionado a la Fiscalía por si los dispositivos móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han sido formateados, al tiempo que ha solicitado al Ministerio Público copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y correos electrónicos.
Hurtado ha sacado un auto en el que acepta 2 de las diligencias solicitadas en diciembre por las acusaciones en la causa que se encuentra investigando la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal, y sus conversaciones para alcanzar un pacto con el Ministerio Público.
El juez solicita al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que traiga su copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, en concreto, en Fiscalía General del Estado, relacionados con la utilización de teléfonos móviles y uso de e-mail de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.
Y también ha demandado al departamento de informática de la Fiscalía General que diga las veces que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; pase los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo; y de información sobre si los anteriores dispositivos han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha y software usado.
El magistrado ha decidido estas diligencias después de que la UCO no encontrara mensaje alguno en el terminal de García Ortiz, quien los había borrado siguiendo un protocolo de seguridad, como sostuvo la Fiscalía General, si bien la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal del caso Julián Salto han negado ante el juez que exista dicho protocolo de borrado de seguridad de mensajes.
Descarta citar a varios altos cargos o ex altos cargos de Moncloa
Por otra parte, Hurtado ha rechazado el resto de diligencias que las acusaciones han propuesto respecto a dispositivos móviles y correos electrónicos, al subrayar que quedan supeditadas al resultado de las que ya ha ordenado a la UCO: Una es si puede recuperar los mensajes de 2 móviles de García Ortiz y la otra es que solicita a WhatsApp y Google datos del fiscal general para recuperar sus mensajes.
De la misma forma, descarta citar a varios altos cargos o ex altos cargos de Moncloa "sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la investigación" además de practicar alguna diligencia al respecto.
Tampoco ha accedido a la petición de González Amador de intervenir las comunicaciones de varios periodistas, dejando claro que no se va a acceder a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que tienen las fuentes de información.
El juez rechaza además la diligencia solicitada por la defensa de la pareja de Ayuso para que se pida a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de las diligencias previas en las que se encuentra incursa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente".
Del mismo modo, tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.