El ayuntamiento del municipio catalán de La Garriga sacó a la localidad de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública el año pasado.
Una decisión que muchos interpretaron a favor de la gestión privada, por lo que los que estaban en contra de ese estilo decidieron organizarse y este verano se conformó la plataforma por el agua pública de La Garriga.
Según la información de 'elDiario.es' el objetivo de la plataforma fue llevar a cabo una consulta ciudadana al respecto y entonces solicitaron al consistorio el permiso para una recogida de firmas e iniciar así el proceso conforme a la ley.
Pero el ayuntamiento, liderado en la actualidad por Junts, no está por la labor y además de agotar el plazo para responder, denegó la solicitud por un defecto de forma y en base a una sentencia contra el procés. Algo que ha descolocado a todos.
"Nos sorprendió más el argumento de fondo sobre la sentencia contra la ley de consulta populares, bajo una interpretación que va más allá de lo que iba el Constitucional y no ha hecho ningún Ayuntamiento catalán hasta la fecha", ha enfatizado Pep Terrades, miembro de dicha plataforma, a 'elDiario.es'.
Independentistas se amparan en una sentencia contra el procés
Los de Junts en La Garriga se han acogido a la sentencia 31/2015 para frenar la consulta popular señalando que "es refrendaria" y por ello "queda fuera de las competencias del ayuntamiento". Así lo sentenció la alcaldesa, Meritxel Budó.
La normativa establece que las consultas populares no refrendarias deben ser "sectoriales", no ir dirigidas al conjunto del cuerpo electoral del municipio. Por ello, para sortear este obstáculo, lo que se suele hacer es incluir en la consulta a las personas entre 16 y 18 años. Algo que la plataforma no tuvo en cuenta y el ayuntamiento decidió entonces declinar la consulta amparándose en esta sentencia del Constitucional.
Aunque según Terrades, cuando lo consultaron con el secretario municipal, les recomendó no incluir a este segmento poblacional.
Tras el no del ayuntamiento a la petición, han insistido en que están dispuestos a cambiar los términos para incluir a los de 16 años y que así prospere la consulta, pero desde el consistorio no se lo han permitido.
Y en medio de esta polémica, el ayuntamiento ha aprobado la licitación para la gestión del agua con un modelo público-privado sin haber concedido la consulta ciudadana.
Como bien recuerda el citado diario, hace una década el Govern de CiU criticó la sentencia a la que ahora se agarran los de Junts para impedir la consulta popular. “Para impedir según qué debates, están dispuestos a cargarse la esencia misma de la democracia”, reprocharon entonces.
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