El Partido Popular ha aceptado la petición de Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, de retirar de los presupuestos municipales de 2025 las partidas económicas destinadas a ayudar a las ONG que acogen y asisten a migrantes en Burgos, a las que se ha apoyado este año con 119.000 euros.
La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP), ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que lo único que recogerá el presupuesto de 2025 será una partida para cumplir con la obligación derivada de este año, pues está pendiente de pago el 30% de las ayudas, a la espera de que justifiquen los gastos.
La medida afecta a entidades como ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural, que en Burgos atienden a personas migrantes y que el año pasado firmaron nuevos convenios con el Ayuntamiento por valor de 119.000 euros, y que para 2025 verán eliminada esa ayuda.
"Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONGs hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para Vox", ha explicado Ballesteros.
Ballesteros ha insistido en que el borrador de presupuestos, presentado esta semana en rueda de prensa por el concejal Ángel Manzanedo, es fruto de "una negociación, no un chantaje ni una amenaza" y ha asegurado que el PP ha negociado pero no ha exigido nada en esa negociación.
Por el contrario, se mantiene en el presupuesto la ayuda de más de 19.000 euros a Cáritas, también para acogida y ayuda a inmigrantes, una cuestión que la concejala del PP ha evitado explicar y se ha remitido a lo que digan los ediles de Vox.
Ya propusieron inspecciones policiales periódicas
En junio de este año, el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (Vox) presentó una iniciativa por la que se iba a realiza "inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad" con el objetivo de detectar "posibles casos de empadronamiento ilegal".
Martínez-Acítores y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, también aseguraron que no manejan datos de empadronamientos ilegales vinculados a la inmigración en Burgos y que su cruzada cuenta con el visto bueno de su socio de gobierno.
En ese momento, los representantes de Vox apuntaban, sin aportar datos, que "los motivos para empadronarse son para recibir ayudas, intentar regularizar situación, fraude electoral...hay varias causas todas relacionadas con casos de inmigración ilegal".
Por su pate, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, salió a desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía sólo las da ella.
La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una "intromisión" en materias que competen a la policía nacional y "con finalidades xenófobas".
Al final Vox consigo imponer su hoja de ruta política en Burgos a cambio de apoyar los presupuestos municipales del PP.
En la Diputación Provincial, Vox también introdujo su ideario en las cuentas para 2025 después de que se acordara multiplicar por 30 los fondos para mujeres vulnerables que se planteen abortar. En esta institución, los 'populares', sí cuentan con mayoría absoluta.
El PP cede así a Vox en el Ayuntamiento de Burgos tras las amenazas en septiembre del secretario general de la formación, Ignacio Garriga, quien advirtió que a su partido "no le temblará el pulso" de romper los pactos de gobiernos locales.
El otro gran consistorio gobernado por los 'populares' con Vox en Castilla y León es Valladolid, donde todavía no se conoce condiciones impuestas por la extrema derecha para aprobar los presupuestos, aunque el PSOE, al igual que los socialistas burgaleses, ofrecieron llegar acuerdos a los alcaldes si rompían con la derecha radical populista.
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