El Gobierno ha decidido finalmente dejar caer el impuesto extraordinario aplicado a las empresas energéticas, cuya vigencia expiraba el 31 de diciembre, salvo que se hubiera renovado.
Esto se produce pese a las presiones de los socios de izquierda para que continuara, ya que consideran que siguen presentando beneficios extraordinarios por los precios altos de los productos energéticos: luz, gas y combustibles.
Aunque el Gobierno no se pronunció oficialmente para descartar el impuesto especial, dejó pasar el plazo para que las enmiendas en el Congreso se presentaran.
Complicado hacerlo permanente
Hasta ahora, estos impuestos especiales, aplicados tanto a las energéticas como a la banca, tenían carácter temporal, pero el Ejecutivo pretendía, o eso decía, hacerlos permanentes.
No obstante, se encontró con la oposición de uno de sus socios clave en la legislatura, Junts, quien impidió la continuidad del gravamen a las energéticas, complicando los planes del Gobierno en este sentido. Junts, por su pasado como CiU, sigue muy cercano a la patronal catalana e intereses empresariales.
Así, las negociaciones entre el Gobierno y sus otros aliados parlamentarios para extender el impuesto a las energéticas no han prosperado, lo que implica que el tributo no se aplicará a partir del próximo año.
El PNV quería mantenerlo
Uno de los socios del Ejecutivo en el Congreso, el PNV, sí quería mantener la continuidad del gravamen, pero exigiendo que se transformara en un impuesto concertado y gestionado por Euskadi y Navarra.
La decisión de eliminar el tributo a las energéticas, según el comunicado, responde a "factores externos a la voluntad" de su partido, que expresó su interés en que este gravamen se convirtiera en un impuesto concertado.
En un comunicado, avanzó que sí aplicará un gravamen que incluye un impuesto complementario sobre las compañías multinacionales, con la implementación de un tipo mínimo global del 15%.
Paralelamente, se alcanzó un acuerdo con el PNV para que las haciendas forales vascas se encarguen de gestionar el tributo sobre la banca.
Resto de socios
Junts ya había advertido que no respaldaría la permanencia del impuesto si ello afectaba negativamente a una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona.
En cambio, los aliados parlamentarios del Ejecutivo de corte izquierdista, como EH Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y Sumar, se mostraron en desacuerdo con la decisión de anular el impuesto.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, manifestó que convertir en permanente el gravamen a las energéticas "es obligatorio" para equilibrar la carga fiscal.
Por su parte, las empresas energéticas nacionales seguían quejándose por este gravamen y seguían amenazando con sacar parte de sus negocios del país, como insinuó, por ejemplo, Repsol.
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