El Gobierno de Canarias ha vuelto a dar luz verde al sacrificio de gatos comunitarios o callejeros, aquellos felinos que viven en colonias en la calle. Una medida que ya intentó hace unos meses y que después se anuló.
Y es que con la nueva ley de Protección Animal, los gatos asilvestrados (así como otros animales domésticos) no se pueden considerar especies invasoras, pero Canarias lo ha indicado así en una nueva normativa y está obligando a los ayuntamientos al sacrificio de muchos de estos gatos.
Según ha detallado el partido animalista Pacma, a principios de octubre, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria emitió un informe que clasificaba a los gatos comunitarios como una especie exótica invasora, limitando la presencia de colonias felinas en Espacios Naturales Protegidos.
Retirar gatos
El documento, de obligado cumplimiento, indicaba a los ayuntamientos que los gatos debían ser retirados de estos espacios, que representan el 43% de la isla de Gran Canaria, y reubicados en zonas urbanas o confinados en recintos cerrados, contraviniendo lo establecido en la Ley 7/2023 y tergiversando el contenido del Decreto 630/2013 y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Sorprendentemente, la mayoría de los miles de gatos afectados han sido esterilizados y retornados a sus lugares de origen, en campañas consecutivas desde el año 2019, que han sido financiadas por el propio Cabildo.
Ahora, apenas unas semanas después, el Gobierno de Canarias ha decidido ir un paso más allá. De manera ilegal, pudiendo incluso llegar a ser constitutiva de delito, ha instado a Cabildos Insulares y Ayuntamientos a “la retirada inmediata de colonias felinas localizadas en espacios naturales protegidos, en los espacios Red Natura 2000 o que supongan un impacto negativo para la fauna protegida” procediendo al “confinamiento de los gatos no socializados con el ser humano, en centros de protección animal, residencias o similares, como actuación transitoria de carácter necesario, previo a su sacrificio” y “su confinamiento en centros de protección animal, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos, para realizar su sacrificio”.
Tal y como indica Anna Estarán, abogada de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales): “Los informes emitidos por el Gobierno de Canarias suponen una manipulación de la normativa de protección animal, del patrimonio natural y de biodiversidad para llevar a cabo una exterminación masiva de los gatos comunitarios.”
Como bien ha recordado PACMA, la Ley 7/2023 reconoce a los gatos comunitarios como animales de compañía y establece un sistema de gestión integral que busca controlar su población respetando su bienestar. No pueden ser tratados como especies invasoras, y cualquier medida de reubicación debe justificarse de manera individual con informes de las autoridades. El confinamiento temporal de estos gatos, como propone el informe del Gobierno de Canarias, está prohibido salvo en casos excepcionales y con reubicación definitiva.
Por desgracia estas medidas ya se han empezado a llevar a cabo. El 13 de agosto de 2024 un gato fue capturado por los Agentes de Medio Ambiente procedente de La Graciosa y trasladado a un albergue con una Orden de Sacrificio firmada por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. A día de hoy, se desconoce el destino final del animal que ya no se encuentra en el albergue.
“Desde FAADA estamos trabajando contrarreloj para emprender acciones legales que puedan parar esta matanza, para así proteger a los gatos y las personas que cuidan de ellos” concluye Anna Estarán.
Los gatos asilvestrados de Canarias y la división de opiniones
La situación de los gatos comunitarios o asilvestrados en el archipiélago no es nueva y lleva tiempo generando debate.
Existen disparidad de opiniones incluso dentro del ámbito científico sobre cómo se debería tratar el asunto.
Como explicamos en un artículo anterior, los gatos salvajes son superdepredadores y han provocado la extinción de algunas especies, por lo que algunos abogan por su eliminación.
Pero el sector animalista considera apropiada una solución más ética ya que el problema se ha originado por los abandonos. Además, otros señalan que la vida de ningún animal vale más que la de otro, en referencia a otras especies que se intenta proteger de los felinos.
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