Trileros

Hay quien se crece más ante la adversidad que con el viento a favor. Sánchez es uno de ellos. Maestro de tahúres y trileros, el presidente siempre tiene un as bajo la manga para sorprender a propios y a extraños. El último, con la que le está cayendo, esa denuncia contra el juez Peinado, el juez que ha imputado a su mujer, a Begoña Gómez. Es ese presidente que ha vuelto de la Ciudad del Amor dispuesto a hacer ver a todo un país que Begoña es mucho más que su esposa; se ha empeñado en presentarla al país como “la presidenta”, aunque este sea un título que no figure por ningún sitio, y menos aún en la constitución del 78, esa Carta Magna que el trilero está modificando poco a poco y por la puerta de atrás.

Autoridad del estado o esposo de Begoña, según le convenga en cada momento, Sánchez, que recibía el pasado día 30 al juez Peinado en el mismo Palacio de la Moncloa, se acogió al derecho a no declarar en la causa en la que el juez investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hasta ahí todo era previsible. Pero conociendo al personaje, también era de esperar que no iba a quedarse ahí parado, viéndolas venir.

Y, como la mejor defensa es el ataque, no le han bastado las declaraciones coordinadas de buena parte del gobierno (en especial su portavoz, la ministra Pilar Alegría), y del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y ha pasado a presentar una querella por prevaricación contra el juez Peinado. Una querella que no la ha interpuesto el Sánchez esposo, sino el Sánchez presidente porque, en su nombre, lo ha hecho la Abogacía del Estado, una circunstancia más que sorprendente que no cuenta -al menos que nosotros sepamos-, con antecedente alguno en la historia judicial española.

Digo que ha sido el Sánchez presidente y no el Sánchez esposo (¡Dios mío, qué esquizofrenia…!), el muñidor de la querella porque, de no ser así, todos los españoles vamos a tener de aquí en adelante a la Abogacía del Estado como el bufete familiar si es que sigue siendo válido ese artículo de la Constitución que proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley. Cuestión esta que ya hace aguas con ese acuerdo al que ha llegado el presidente con representantes de ERC para reconocer la “singularidad” de Cataluña como precio de su permanencia en la Moncloa. Pero bueno, esta es harina de otro costal, y con este asunto volveremos más adelante en otro nuevo artículo….

En fin, que al presidente trilero ya no le basta tener la seguridad de que todo asunto que pase por la Fiscalía General del Estado (la de su fiel servidor Álvaro García Ortiz -¿de quién depende la Fiscalía, de quién depende…?- o por el Tribunal Constitucional (Cándido Conde Pumpido, su presidente, está mostrando una lealtad a prueba de bomba con el asunto de los ERE de Andalucía), que ahora ecurre también a la Abogacía del Estado para contraatacar a un juez que acudía a Moncloa a preguntar al esposo y no al presidente.

Claro que la máquina de propaganda de Moncloa lleva ya unos mesecitos dando la vara con lo del lawfare desde el mismo momento en que Sánchez se vio acorralado por jueces que investigaban a su esposa y a su hermano por asuntos nada claros desde el punto de vista jurídico penal, pero sin duda alguna de gran calado político porque ni su mujer ni su hermano habrían actuado como lo han hecho de no ser por su relación directa con el presidente. Y, aunque también ha echado sobre los medios de comunicación que han ido levantando noticia tras noticia con detalles de los negocios de la una y los abusos del otro, todo tipo de invectivas para tratar de desmentirlos (bulos, prensa fascista y todo eso), lo cierto es que el presidente no ha dado ningún tipo de explicaciones ni en sede parlamentaria, ni ante los medios y, menos aún, ante el juez en calidad de testigo.

La más que meditada oportunidad en la presentación de la querella contra el juez Peinado persigue claramente desactivar las actuaciones del juez contra su esposa y, de paso, darle la vuelta a la tortilla y volver a presentar una vez más a la enamorada pareja visitante del París olímpico y ocupante de la Moncloa como víctima de una especie de conspiración judeomasónica, casi franquista, perpetrada por jueces, periodistas y la caverna política de la extrema derecha, y blablablá…

¿No será que, a pesar de que se dice públicamente que “no hay caso”, íntimamente preocupa, y mucho, que sea precisamente la independencia de los jueces quien acabe poniendo al presidente en un dilema moral y político ineludible? El tiempo, y la justicia, darán y quitarán razones, y los ciudadanos acabaremos viendo de verdad dónde se escondía la bolita que los trileros manejan con tanta habilidad como engaño.