Lawfare in terra incógnita

En 1951, hubo un ciudadano en Alemania que fue presentado a las elecciones locales por el partido socialdemócrata alemán (SPD), aunque los cinco representantes del mismo partido votaron en su contra. Finalmente, terminó siendo elegido alcalde de Westerland. Se llamaba Heinz Reinefarth. Había sido General de división de las SS, apodado el carnicero de Wola. Bajo su mando directo, brigadas de criminales convictos arrasaron a Varsovia, en la que fue quizá la mayor atrocidad que una ciudad europea sufrió en el S. XX. Durante los ominosos hechos de 1944, Reinefarth llegó a quejarsede que tenían más prisioneros que munición para matarlos. Pero Reinefarth fue absuelto en 1949 por falta de pruebas, y su extradición fue siempre denegada a Polonia. Reinefarth siguió después ejerciendo la abogacía, disfrutando de una vida cómoda y de su pensión de general hasta su fallecimiento en 1979. Hasta que dejó la política había sido el honorable miembro de la asamblea de Schleswig-Holstein, el mismo land donde un tribunal denegó la extradición de Puigdemont.

Ignoro las razones profundas de que un sujeto así tuviese tal cúmulo de vergonzantes honores. Quizá si le hubiesen juzgado unos pocos años antes le hubieran ahorcado. Porque es sabido que otros muchos como él, se libraron gracias al oportunismo y a que la guerra tenía que terminar. Cuando el General Jim Dunlap definió en su estudio de 2001 al lawfare como «el uso del derecho como un arma de guerra», no tardó en ponerse como ejemplo el de los Juicios de Nuremberg, o los procesos de Tokio. Si de lo que se trataba era de acabar con naciones de fanáticos bien valían más estos medios ejemplarizantes que exterminarlas a sangre y fuego. Y algo bueno -como el Derecho Internacional Humanitario o la Corte Penal Internacional- parece haber quedado de aquello.

Es cierto que el término lawfare ha evolucionado mucho y se aplica casi a cualquier cosa, sobre todo después de intensas discusiones académicas en la universidad, y mucho más intensas campañas informativas en que no se termina de explicar un concepto lleno de contradicciones. La ley empleada como sustituta del arma de guerra es ley al fin y al cabo, y el único imperio que decimos aceptar es el imperio de la ley. Como puede deducirse fácilmente, el lawfare se ha entendido sobre todo en el ámbito internacional. Sea mediante tratados comerciales draconianos que asfixian a una nación antes de someterla, juicios ad hoc creados después de la derrota, o tratados de paz que exprimen la rendición incondicional. También podría serlo el secuestro de un parlamento para votar a gusto lo que a los secuestradores les dé la gana, como hizo Hitler en 1933 ...O los independentistas en 2017.

Aunque el texto de la recién publicada ley de amnistía no lo recoge, sí lo hace el pacto de Investidura. En él se identifica al lawfare con la “Judicialización de la Política”, cosa que no parece propiamente lawfare. Sí lo es el denominado acoso judicial, al que parece referirse y que vendría a ser otro modo de dominar al adversario sin tener que matarlo. Conque si el supuesto objetivo militar era la unidad de España, parecería adecuado emplear el término si hubiera habido conflicto bélico previo. Pero todo el mundo en España sabe que esto no es así, porque los jueces y fiscales no obedecieron órdenes de ningún militar ni a conspiraciones maquiavélicas, ni se inventaron delitos como la rebelión o la sedición. Simplemente aplicaron la ley a determinados y supuestos de hecho regulados previamente, o sea lo mismo que hacen de ordinario sin acosar a nadie. Si las guerras de secesión o de independencia llevan el objetivo militar en el nombre, parece difícil entender que la estricta aplicación de la ley para evitarlo primero, y para castigar conductas delictivas después, sea nada que tenga que ver con el lawfare. Sí lo parece, sin embargo, el hecho de apropiarse de un parlamento para convocar un referéndum ilegal, declarar si quiera simbólicamente una independencia inconstitucional, y después crear disturbios y terror en las calles o acercarse a potencias extranjeras en busca de ayuda militar financiando todo con dinero público. Finalmente, habrá quien piense que también lo sea chantajear a todo un país con sólo siete diputados apelando al juego democrático.

Resulta difícil aceptar que, del mismo modo que nadie se cree lo del lawfare, sí puede haber en cambio un relato que lo pueda sostener. Los acertados cálculos de Moncloa para concluir que todo esto tiene sentido han venido de la mano de la victoria del PSC en las elecciones catalanas. Pero los resultados en las municipales, nacionales y europeas parecen decir lo contrario. Y acaso en las municipales, el mensaje de agotamiento del ciudadano medio pudo ser que en política no todo vale. Mucho antes, fue el impulso unánime de toda la ciudadanía lo que defendió la constitución en 2017, en manifestaciones multitudinarias en que relevantes personalidades del PSOE defendieron entre vítores la Unidad Nacional y la igualdad de los españoles ante la ley.

La realidad que sostiene hoy los apoyos a esta infame norma reside en otra verdad mucho más desagradable. Sin indultos, ni amnistías ni lawfare no hay gobierno. Dudo mucho que en Cataluña ni en el resto de España haya un solo ciudadano que no lo sepa. De ello se sigue que para mantener este discurso ha sido necesario quebrar primero aquel espíritu de concordia que nació del rechazo a la acción delictiva de los sediciosos. Hoy, la unidad de la ciudadanía de 2017 ha derivado hacia la división entre quienes saben que la amnistía es injusta y quienes están dispuestos a aceptarlo con tal de que no gobierne una “fachosfera” que ideológicamente está muy a la izquierda de Puigdemont. Esta polarización se ha logrado a la perfección para lamento de la mayoría moderada del país. Si las pretensiones independentistas sobre una inventada deuda histórica o la financiación salen adelante, lo podemos pagar bastante caro en impuestos, pérdida de eficacia en servicios sociales y calidad de vida. Pero da igual para el gobierno, que ha conseguido que quienes lo apoyan piensen que cualquier alternativa sería peor o haría lo mismo.

Es pues la división de la ciudadanía la única tierra firme que ahora puede pisar y alimentar Sánchez, seguro en los dilemas que siembra a diestra y siniestra. Hábil político y acomodado en las dificultades ajenas para cumplir con la ley, predicaba el desbloqueo CGPJ, pero favorecía en realidad lo contrario aceptando que sus socios le planteasen enchiquerar a los jueces del Procés por cumplir honradamente su trabajo. Finalmente se ha conseguido un celebrado acuerdo. El Presidente también sale ganando, porque gana tiempo y ya veremos si el acuerdo se desarrolla. Cómodo también en los errores políticos ajenos, se las ha apañado para que las urnas castiguen a Podemos cuando la decisión última en aprobar leyes como la del sí es sí, la tuvo que tomar él. Sigue perdiendo elecciones hasta favorecer que Bildu gobierne en País Vasco y Navarra. Para poder cantar misa hay que tener un templo aunque haya que arrendárselo al diablo, pero cada vez cobra más vigor la idea de que es Puigdemont quien ha caído en sus redes. Es peor rezar en la cárcel como Junqueras. Pase lo que pase, Sánchez tiene la formidable habilidad de construir su tierra firme en la terra incógnita, incluyendo el “fango”, que alega que pisan los demás.

Si quieres gobernar no te canses de pactar. La pena es tener que explicarlo fuera de España en la barra de un bar a cualquier europeo que te pregunte entre asombrado y burlón, si somos o no un protectorado. Y también, como viene sucediendo desde la aplicación la amnistía a personas con nombre y apellidos, que en los juicios penales tengamos que aguantar el cachondeo de algunos delincuentes comunes con el “qué hay de lo mío”.

Lo que después de todo muchos juristas deseamos es que al menos, el acuerdo de bases conseguido respecto al CPGJ termine de una vez con la nociva retórica de un lawfare que nunca existió. Porque de un modo revelador, se oponen a él las fuerzas políticas más extremas; las que no sé si olvidan o peor aún, ocultan conscientemente que la última vez que jueces, fiscales, letrados y policías plagaron nuestras cárceles había en España una Guerra Civil.

Daniel Muñoz Doyague
Abogado y politólogo