Varios medios adelantan este viernes la decisión que ha trasladado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a sus fiscales, adelantándose a la reunión que iba a tener lugar el martes 18.
En esa cita, Ortiz iba a fijar criterio único para aplicar la ley de amnistía a todos los procesados en Cataluña por el procés soberanista.
Pero ya sabemos su decisión: el fiscal general solicita a sus fiscales que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos relacionados, incluida los de malversación de fondos públicos.
Justo la malversaciúon afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y se consideraba esencial este punto para mantener las relaciones con Junts y ERC por parte del PSOE, que quiere sostener así su gobierno de Pedro Sánchez.
Ortiz también ha dado la indicación de levantar la orden de detención contra el ex president catalán, que el juez Pablo Llarena insiste en mantener.
Enfrentamiento entre fiscales
Este movimiento confirma el enfrentamiento en el Ministerio Público debido a las diferencias de criterio entre el fiscal general y los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno.
Estos fiscales se rebelaron esta misma semana al argumentar que el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1-O debe quedar fuera del alcance de la amnistía y que tampoco se deben levantar las medidas cautelares.
García Ortiz, en un escrito hecho público este viernes, considera “insuficientes” los argumentos presentados por estos fiscales, quienes participaron en el juicio del procés, para cuestionar la posibilidad de amnistiar la malversación.
También critica que incluyeran consideraciones políticas "extravagantes" o "intrascendentes" en su informe. Asimismo, sostiene que levantar las medidas cautelares sobre varios de los procesados no solo es “adecuado” sino “necesario” según las leyes.
García Ortiz ordena en su escrito que “procede declarar amnistiadas la totalidad” de las conductas objeto de estos procedimientos y presenta una serie de argumentos jurídicos para contrarrestar las posiciones de Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno.
No hubo "enriquecimiento personal"
Los mencionados fiscales interpretan que los líderes independentistas obtuvieron un “beneficio patrimonial” porque, “con ánimo de lucro”, se “apropiaron” de dinero público para pagar a quienes contrataron para llevar a cabo el procés.
En cambio, el fiscal general rebate que esta tesis “contradice” la intención del legislador, que claramente indica que el desvío de fondos “limitado” al referéndum está cubierto por la norma y debe ser amnistiado.
García Ortiz recuerda que el propio Tribunal Supremo ya concluyó que los líderes del procés, aunque actuaron con ánimo de lucro, “no lo hicieron con el propósito de obtener un enriquecimiento personal” cuando determinó que la última reforma de la malversación no alteraba el procesamiento por este delito.
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