El Supremo desoye a los fiscales y Puigdemont es imputado por terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'

El Tribunal Supremo sigue a lo suyo y desoye a los fiscales que no veían indicios para imputar a Carles Puigdemont un delito de terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'.

La Sala de lo Penal de esta Corte ha acordado este jueves, por unanimidad, investigar al ex president catalán y considera que hay motivos de sobra.

Recientemente, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, rechazaba que se investigase a Puigdemont en el caso. Consideraba que no existen indicios "suficientes" para encausar al ex president.

Y precisamente ayer miércoles, varios de los imputados en el 'caso Tsunami' denunciaban que el plazo de investigación expiró el 29 de julio de 2021 sin que nadie fuera llamado a declarar por los hechos, tampoco el propio Puigdemont. Así que alegan que la causa debe decaer.

El juez instructor que lleva el 'caso Tsunami', Manuel García Castellón, empleó la muerte de un ciudadano francés como uno de los argumentos principales para hablar de "terrorismo" en el asalto al aeropuerto de El Prat en 2019, que impulsó la organización 'Tsunami Democrátic'. Pero el servicio de Emergencias de Cataluña desmonta este argumento y considera en su informe de actuación que el fallecido lo hizo por sufrir un infarto en la Terminal 2 del aeropuerto, mientras que la que estaba siendo 'asaltada' era la Terminal 1.

Reacción de Puigdemont

Puigdemont reaccionó a los pocos minutos en redes sociales a la noticia: "El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros me imputan por terrorista".

"Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación", explica sobre la Justicia española.

Ley de amnistía

Todo ello afecta a la negociación de la Ley de amnistía, ya que el PSOE no quiere que se incluyan, entre las medidas de gracia, a los condenados por terrorismo. Eso supondría dejar fuera a Puigdemont, que tendría que seguir fuera de España para no ser procesado y encarcelado.

PSOE y Junts ultiman esas negociaciones contrarreloj porque el plazo para presentarla de nuevo en el Congreso acaba el 7 de marzo.

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