La Comunidad ha ordenado demoler la piscina municipal del municipio de Corpa, situado al este de la región, en aplicación de la nueva Ley de Medidas Urgentes. La construcción, según sostiene el diario La Razón, se habría levantado de manera ilegal, fruto de un convenio urbanístico entre el anterior alcalde, el socialista Guillermo Cózar y una constructora.
El presunto trato urbanístico consistiría en que ha cambio de laq construcción de la piscina por parte de la empresa Dignus Madrid S. L., el Consistorio modificaría la normativa urbanística. Esta modificación permitiría a la constructora triplicar el número de viviendas en el terreno en el que levantaba una urbanización, reduciendo la superficie mínima entre las parcelas, de 500 a 150 metros de superficie.
La piscina, según afirma el periódico, se construyó sin licencia municipal y creando muros de contención de hasta ocho metros de altura que contravinien la normativa de la zona.
El grupo municipal popular que gobierna en el municipio desde el 27 de mayo, denunció la obra a los inspectores urbanísticos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estos, tras comprobar que no se había modificado el plan urbanístico, instaron al promotor y al Ayuntamiento a que derribaran la construcción.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio supervisó el derribo realizado por el promotor de la obra, días antes de que el Gobierno regional fuese a realizarlo con la correspondiente autorización judicial.
La nueva Ley de Medidas Urgentes de Modernización impulsada por el Gobierno regional prohibe los convenios urbanísticos entre Ayuntamientos y promotores, previos a la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana.
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