Después de que el juez Pablo Ruz diera por acreditada la existencia de una 'contabilidad B' en el Partido Popular, quedaba por determinar si el partido cometió un delito fiscal al no declarar las donaciones correspondientes al año 2008 e incluirlas en su 'caja B'. Este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha exculpado al PP de haber cometido dicho delito aunque le sitúa como "responsable civil subsidiario" de los delitos que habrían cometido sus
ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por pagar en negro las obras
de su sede. Para Bárcenas y Lapuerta, el fiscal solicita 5 años de prisión por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.
En el escrito provisional de acusación, el Ministerio Público pide el archivo de la causa contra el PP al
considerar que no está "debidamente justificada la perpretación" de un
delito contra la Hacienda Pública. Al mismo tiempo, Anticorrupción
reclama que la formación sea juzgada como responsable civil subsidiaria
de los delitos atribuidos a Bárcenas y Lapuerta.
El fiscal Antonio Romeral, que señala
que los ex tesoreros gestionaron "caudales" de los que "no se dejó
constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al
Tribunal de Cuentas", respalda, de esta forma, el criterio que expuso la
Agencia Tributaria el pasado 7 de abril, cuando aseguró que "las
donaciones se encuentran exentas de tributar en el Impuesto sobre
Sociedades".
Además, apunta que, en el caso de que las
donaciones se integraran en el Impuesto de Sociedades, "la cuota
presuntamente defraudada por el Partido Popular en el ejercicio de 2008
alcanzaría un importe de 25.630,03 euros", tal y como apuntaba el
organismo tributaria en la hipótesis más favorable al PP. El otro
cálculo arrojaba un supuesto fraude de 220.167 euros.
El representante de la acusación pública también pide que el arquitecto
Gonzalo Urquijo, que dirigió los trabajos de reforma de la sede central
de la formación, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y
2011, sea condenado a tres años y diez meses de cárcel por fraude fiscal
y falsedad documental.
Por estos mismos delitos la Fiscalía
también solicita un año y siete meses de cárcel para el exgerente del PP
Cristóbal Páez; y tres años y diez meses para Belén García, socia de
Urquijo en la empresa Unifica. Además, retira la acusación por
prescripción contra la empleada del estudio de arquitectura Laura
Montero.
Además, Romeral reclama que los cinco acusados
indemnicen solidariamente a la Hacienda Pública con 194.503,44 euros en
relación con un delito fiscal que se habría cometido por la tributación
del Impuesto de Sociedades de 2007. También solicita multas para los
cinco acusados que oscilan entre los 102.500 y los 450.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción señala que durante el tiempo que estuvieron
al frente de la Tesorería del PP, Bárcenas y Lapuerta "gestionaron de
consuno fondos en metálico aportados por donantes de quienes no podían
recibir los mismos, de acuerdo con la legislación sobre financiación de
partidos políticos vigente en ese tiempo".
De igual modo,
apunta que sólo una parte de los ingresos "accedieron a la contabilidad
del partido a través de las cuentas de donativos anónimos, y nominativos
en un caso, mediante ingresos en efectivo que nunca superaban los
límites establecidos en la ley de financiación vigente en cada momento".
"El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones
así como de los gastos se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad
paralela --contabilidad B-- que cumplimentaba Luis Bárcenas y
supervisaba Álvaro Lapuerta", señala el fiscal.
Romeral
también apunta que "el dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo el
control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se
guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas". En
2007, en concreto, constan unos ingresos de 542.000 euros y en 2008 de
1,1 millones.
El fiscal
también atribuye un delito de apropiación indebida a Lapuerta y
Bárcenas, al entender que ambos acordaron en 2004 incorporar al
patrimonio del primero un total de 209.550 euros del PP, a través de la
suscripción de 1.270 acciones de Libertad Digital para cubrir una
ampliación de capital de la compañía.
Para ello, Bárcenas
extrajo 139.700 euros de la caja fuerte de la formación política en
octubre y entregó el dinero a su compañero de partido, que vendió los
títulos a un precio de 209.550 euros el 20 de marzo de 2007 sin
reponerlos a la 'caja B'.
El
representante del Ministerio Público eleva a 1,5 millones de euros el
dinero negro abonado a Unifica para la remodelación de las obras de la
sede nacional del Partido Popular. En concreto, cifra en 664.000 euros
la partida que fue destinada al estudio de arquitectura en el ejercicio
de 2006 y en 888.000 euros el pago efectuado en 2008.
Según el
fiscal, Bárcenas y Lapuerta negociaron con Gonzalo Urquijo realizar
parte del pago con el dinero de la caja B, algo que conocía Cristobal
Páez y que tenía por finalidad "dar salida a dichos fondos y obtener un
descuento del 8 o 10 por ciento en la parte de obra satisfecha con los
mismos, como reparto del ahorro fiscal que ambas partes obtenían al
ocultarlos a la Hacienda Pública."
Para "simular" el correcto
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, elaboraron certificaciones de
obras, facturas y proyectos omitiendo y haciendo constar datos que "no
se correspondían con la realidad de los hechos". "Estos pagos no se
contabilizaron ni declararon a la Hacienda Pública por ninguna de las
partes", concluye el fiscal.
Lea también:
-
Bárcenas carga contra Ruz por no haber investigado al "verdadero" responsable fiscal del PP-
Cospedal, Acebes y una veintena de empresarios se libran de la imputación por la 'caja B' del PP-
El PP insiste en que no tenía que tributar por unas donaciones que "desconocía" y están exentas-
El juez Ruz considera 'acreditado' que la caja B del PP se usó para pagar sobresueldos
Si (
No(
A favor (
En contra (
