La UE confirma el acuerdo para la llamada automática de emergencia en coches nuevos en marzo de 2018

   El compromiso retrasa dos años y medio la fecha inicial que había propuesto la Comisión para introducir obligatoriamente la llamada automática de emergencia, que era octubre de 2015. Esta fecha había sido respaldada también inicialmente por el Parlamento Europeo, que finalmente accedió a retrasarla.
   El sistema eCall marca automáticamente el número 112, el número único de emergencia europeo, cuando tiene lugar un accidente grave. De este modo, transmite a los servicios de emergencia la localización del vehículo, incluso cuando el conductor está inconsciente o incapacitado para realizar una llamada telefónica. Se calcula que este sistema podría salvar hasta 2.500 vidas al año.
   Los datos recibidos a través de eCall permitirán a los servicios de emergencia prestar asistencia en un plazo más breve a los conductores y pasajeros de un vehículo, ayudándoles así a salvar la vida y a tratar las heridas rápidamente. Las estimaciones sugieren que eCall podría acelerar el tiempo de respuesta a las emergencias en un 40% aproximadamente en las zonas urbanas y en un 50% en las zonas rurales.
   El acuerdo incluye cláusulas sobre protección de datos para evitar el seguimiento de los vehículos equipados con eCall antes de que ocurra un accidente. Además, si el siniestro se produce, la llamada automática dará a los servicios de emergencia únicamente datos básicos mínimos como el tipo de vehículo, el tipo de carburante utilizado, el momento del accidente y la localización exacta.
   A petición de la Eurocámara, además, los datos reunidos por los centros de emergencia no se podrán transferir a terceros sin el consentimiento expreso de la persona afectada. Los fabricantes deberán garantizar además que el diseño de la tecnología eCall permita el borrado total y permanente de los datos reunidos.
   El acuerdo, que ya recibió el visto formal del Parlamento Europeo en su sesión plenaria del pasado febrero, tendrá que ser incorporado a las legislaciones nacionales de aquí al próximo mayo, a excepción de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que tienen dos años más de plazo.