Los peritos ratifican ante Ruz que el PP pagó las obras de su sede con 1,71 millones en negro
miércoles 11 de febrero de 2015, 21:19h
Dos peritos de la Agencia Tributaria han
ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que las obras
en la sede del Partido Popular (PP), que se llevaron a cabo entre los
años 2005 y 2011, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro, aunque
únicamente podría atribuirse delito fiscal a la empresa que desarrolló
los trabajos, informaron fuentes jurídicas. Durante casi cuatro horas de comparecencia, los expertos han
ratificado las principales conclusiones de sus pericias y han confirmado
que el estudio de arquitectura que llevó a cabo estos trabajos, Unifica
Servicios Integrales, cometió cuatro delitos fiscales relativos al
Impuesto de Sociedades de 2006 y 2007 y al Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) de 2009 y 2010.
Su último informe destacaba que la
compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, "habría dejado de
ingresar" a la Hacienda Pública unas cuotas que en cuatro ejercicios
"superan los 120.000 euros", límite establecido por el Código Penal para
el delito fiscal.
Según las citadas fuentes, los peritos no se han pronunciado sobre
si el PP podría haber actuado como cooperador o colaborador necesario
de estos delitos. La formación no habría cometido delito, además, porque
la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el
momento de los hechos a los partidos políticos.
En otro momento de los interrogatorios, los expertos han señalado
que el PP no estaba obligado a tributar por los 7,5 millones de euros en
donaciones que habría recibido entre 1990 y 2008, según la contabilidad
de Bárcenas, porque se habrían destinado a fines propios del partido,
lo que, según la legislación, les eximiría de tributación.
De igual modo, los peritos han admitido que los descuadres entre
los pagos anotados por el extesorero del PP Luis Bárcenas en su
contabilidad B y los cobros realizados por Unifica (un total de 184.000
euros) podrían deberse a la existencia de más proveedores en los
trabajos de reforma de Génova.
Circuito económico
En su último informe los expertos de la Agencia Tributaria
confirmaban que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se
llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que
el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al
circuito económico legal", según apuntó Ruz en un auto dictado en
noviembre pasado.
Llegaron a esta conclusión tras cotejar las dos certificaciones
sobre estas obras que elaboró Unifica, una por el importe total de los
trabajos y otra descontando los supuestos pagos en negro. Así, apuntaba
que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295,30
euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.
Teniendo en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas
realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los
descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización
supondría un pago de 134.162,04 euros.
Impuesto de Sociedades
En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe
señalaba que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las
obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros según los
'papeles de Bárcenas') y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos)
por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2
millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1
millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad B.
El último informe, de 111 páginas, también calculaba la
defraudación que habría cometido Unifica al no declarar el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a las obras que realizó en
los años 2009 y 2010.
Ruz pidió el informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica en
noviembre pasado, tras dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó
otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede
central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de
960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, se
habrían pagado en negro 1,71 millones de euros.
Según el auto de noviembre, sólo una parte de estos fondos
(184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que
gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras
que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos. Además
de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el
magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin
facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios
delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad
contable, según señalaba el juez instructor.