La camorra nacional

A estas alturas de la película, muchos nos conformaríamos con vivir en un país normal, pero nada de lo que aquí acontece satisface esa vieja pretensión. En un país normal, de nuestro entorno geográfico sin ir más lejos, un partido gobernante salpicado por escándalos de corrupción política, sospechoso además de financiarse ilegalmente, estaría ya en la oposición y ahí se quedaría por muchos años, purgándose convenientemente. Los que así pensamos, coetáneos de la generación que precipitó la caída de la dictadura y ayudó en el parto de la democracia recobrada, pretendíamos integrarnos por entonces en la Europa libre que nos rodeaba y librarnos para siempre del estigma que nos caracterizaba como ciudadanos distintos. Enfrente estaban los publicistas de Franco, aquellos que se inventaron lo de "España es diferente", lema con el que intentaban justificar el aislamiento preventivo  al que nos sometían y las carencias de toda índole que padecíamos. Cuando nos asomábamos a las verjas de aquel parque jurásico, habitado por españoles sin libertades ni derechos cívicos, veíamos fuera una normalidad democrática de la que carecíamos dentro.

Tantos años después, perfectamente acoplados en las estructuras comunitarias europeas, liberados de nuestro grotesco pasado, aún no hemos conseguido vivir en un país normal. Cuando se diagnosticaron los primeros casos de corrupción política se debió cortar por lo sano, pero se aplicaron al enfermo paños calientes y ahora la gangrena circula por sus arterias principales. Tampoco fueron capaces de desbrozar la maleza de intereses bastardos que iba creciendo en el bosque de administraciones superpuestas. Un descuido fatal que propició la multiplicación incontrolada de parásitos y dejó sin reprimir la actividad furtiva de muchos cazadores de lo ajeno. Lejos de clarear la arboleda,  tratándola con las podas y los apeos que una plaga tan devastadora aconsejaba, regaron el terreno con abundantes caudales de dinero público y lo abonaron con el estiércol de la opacidad, el descontrol y la impunidad.

La vertebración del llamado Estado de las Autonomías facilita el trabajo a los sinvergüenzas que consiguen afincarse en alguno de sus múltiples despachos oficiales. Ocupado el lugar, ante ellos se despliega un fabuloso mundo de oportunidades delictivas.  Los concejales y sus alcaldes, inmunes a la fiscalización de lo que antaño se denominaba Secretaría del Ayuntamiento, manejan suculentos planes de urbanismo y contratas de servicios esenciales. Los presidentes de las diputaciones y sus apéndices rectores subastan obra pública y van por los pueblos como si fueran los Reyes Magos del desarrollo local. Los presidentes autonómicos obran como si fueran jefecillos de estado, reproduciendo en sus territorios los mecanismos administrativos del ejecutivo central. El Gobierno de España, celoso de sus competencias, mantiene viva una organización centralizada, superpuesta a todas las demás,  que se extiende por todas partes.

Por si acaso se les quedara pequeño el espacio donde se mueven, los delincuentes vocacionales pueden introducirse también en el conglomerado de las empresas públicas, en las plantas nobles de los  principales partidos, en los entes estatales y autonómicos encargados de regular nuestra vida social y en las compañías que trabajan para la Administración. Nuestro sistema tiene demasiados agujeros negros y muy pocos controladores para vigilarlos. Cundo las cuentas públicas llegan a los interventores, tarde y mal, las fechorías ya se han perpetrado y solo queda a nuestros gobernantes la posibilidad de escandalizarse, indignarse y arrepentirse de los errores cometidos. Ahora nos van a presentar nuevas cataplasmas éticas y estéticas, pero la camorra nacional busca ya nuevos socios en el entramado deforme que ellos mismos se niegan a desmontar.