Mas puede permitirse sostener ese desafío gracias a lo que en Cataluña
llaman "la unidad", es decir, el apoyo de todas las fuerzas políticas
que promueven el referendo: CiU, ERC, ICV y la CUP. Pero esa unidad es muy
frágil y está a punto de romperse un día sí y otro también.
El miércoles de la semana pasada, Mas se reunió en el Parlament con el líder
de ERC,
Oriol Junqueras. El encuentro fue muy tenso, según explican fuentes
independentistas. Junqueras se mostró muy molesto por el hecho de que el Govern
de CiU haya retirado la publicidad de la consulta obedeciendo al
Constitucional.
El president trató de restar importancia a este asunto culpando de la
decisión al conseller de la Presidència,
Quico Homs, y poniendo sobre la mesa
una alternativa al referéndum: la celebración de unas elecciones plebiscitarias
a las que CDC y ERC acudirían coaligados en una lista única y con la
independencia como único punto del programa electoral.
Junqueras no aceptó la oferta. El presidente de ERC contestó que si se
tienen que celebrar elecciones sean unas autonómicas corrientes y molientes,
sabedor de que su partido será el virtual ganador de esos comicios, pues así lo
indican todas las encuestas. A Mas, esa opción no le interesa, porque su
partido está bajo mínimos en los sondeos, debilitado por sus contradicciones y
por la corrupción.
Las maltrechas relaciones entre ambos líderes se recondujeron el viernes
cuando en una reunión inacabable, las cuatro formaciones partidarias del
referéndum llegaron a un acuerdo. Se trata de un plan B súper secreto que no ha
trascendido a la opinión pública y que, según Mas, permitirá que los catalanes
voten el 9 de noviembre sin vulnerar la ley.
El hecho de que la CUP, el partido más radical de los que se sentaron en esa
mesa negociadora, esté de acuerdo con el proyecto, hace pensar que lo de Mas va
en serio y no es un mero farol. Pero ayer, lunes, esa unidad tan necesaria que
está sujeta con alfileres desde el primer momento, se resquebrajó por dos
flancos.
Por un lado, el conseller Homs puso el próximo 15 de octubre como fecha
límite para decidir si la consulta se celebra o no. Esto irritó sobremanera a
los republicanos, que dan por hecho que el referéndum se hará sí o sí. La
portavoz de ERC,
Anna Simó, no disimuló su enojo por las declaraciones de Homs.
En paralelo,
Joaquim Brugué, catedrático de Derecho Constitucional y miembro
a instancias de ICV de la Comisión de Control, la junta electoral creada para
vigilar la buena marcha de la consulta, dimitió de su cargo alegando que la
convocatoria no ofrece las garantías legales exigibles.
En este punto, Mas se encuentra atrapado entre la Asamblea Nacional
Catalana, que le exige con manifestaciones masivas que saque las urnas a la
calle prescindiendo de la legalidad, y la necesidad de ganar tiempo para evitar
unas autonómicas anticipadas que lleven a su partido a la ruina electoral.
Y así las cosas, todo dependerá de quién sea el que rompa esa preciada
unidad. Artur Mas, que al fin y al cabo dirige un partido conservador, no
parece muy dispuesto a saltarse la ley a la torera y así lo explican miembros
de su partido, pero si da marcha atrás, se encontrará con el rechazo de una
opinión pública cada vez más movilizada por la independencia.
Para salir del atolladero necesita sacar un conejo de la chistera o, lo que
es lo mismo, forzar que sea ERC quien rompa la baraja, quien desbarate la
unidad. Mas podría ofrecer una salida a este galimatías que pareciese razonable
a la opinión pública, pero que fuese inaceptable para Junqueras, quien quedaría
así como el malo de la película.
Que fuera Junqueras el primero en levantarse de la mesa, regalaría al
president un tiempo que necesita como agua de mayo para recuperar la
credibilidad en caso de que tenga que avanzar al autonómicas al próximo mes de
febrero. Además, es posible que durante ese periodo, el Constitucional dicte
sentencia sobre la Ley de Consultas y, quizá, como avanzó este diario y ya se
comenta en foros públicos, ese fallo no sea del todo desfavorable a los
intereses de la Generalitat y abra la puerta a una reforma de la Constitución
que ponga fin al grave problema político desatado en Cataluña.
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