Pero ese optimismo sobre que
Artur Mas cumpla la legalidad está en entredicho. Sus socios de gobierno, ERC han presentado ayer la
campaña para la consulta y advirtieron de que la mantendrán pese a la decisión del Tribunal
Constitucional.
Mas se limitó a cuestionar la velocidad "supersónica" con la que actuó el TC y a decir que la consulta sobre la independencia de Cataluña no puede ser tildada de ilegal porque
no es un referéndum encubierto. Ante el papel del Tribunal Constitucional de valorar la convocatoria del 9 de noviembre, el presidente catalán ha pedido a este órgano que actúe como una corte "de todos" y no sólo de una parte.
Ha cuestionado también el papel del presidente del TC,
Francisco Pérez de los Cobos, y ha recordado que el Parlament pidió su recusación por dos motivos: su "larga militancia en el PP" y haber manifestado animadversión --según ha dicho-- hacia asuntos vinculados con Cataluña y su autogobierno.
En respuesta a la intervención tras el Consejo de Ministros del presidente
Mariano Rajoy, Mas negó que la consulta del 9-N sea un referéndum encubierto. También ha criticado que afirmara que es ilegal antes de que se pronunciara el TC, y ha reivindicado la potestad de la Generalitat de proponer cambios normativos sin límites, así como la necesidad de que el Gobierno central escuche la voluntad popular antes de tomar cualquier iniciativa institucional, política y legal.
Ha invitado de nuevo al Gobierno central a ser los que pregunten a los catalanes si consideran que no se puede hacer como se plantea desde la Generalitat, aunque ha lamentado que tampoco acepten esta posibilidad: "Ni preguntan ni dejan preguntar. Probablemente lo que temen es la respuesta".
"Les da miedo la respuesta, cuando lo que debería darles miedo es que no pueda haber respuesta", ha zanjado en una intervención que ha arrancado con el agradecimiento a los miembros del CATN de su trabajo. Eso sí, no adelantó qué siguiente paso dará tras la decisión del TC. Este martes podríamos empezar a conocer la respuesta.
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