Rajoy convoca para el lunes el Consejo de Ministros para desactivar el desafío catalán
viernes 26 de septiembre de 2014, 13:43h
Será el
lunes cuando la maquinaria del Estado se ponga en marcha para desactivar el desafío
independentista de Artur Mas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, lo tiene todo a punto para que el Consejo de Ministros apruebe ese
día, 29 de septiembre, el recurso -o los recursos- que de inmediato partirán
camino del registro del Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy estará ya el
domingo en su despacho de La Moncloa, pero una cosa es la celeridad y otra dar
una imagen de excepcionalidad.
Así lo ha
confirmado el propio Rajoy desde
Shangai esta misma mañana. En Moncloa precisan que mañana, sábado, se reunirá
la comisión de subsecretarios para preparar la reunión del Consejo. A las diez
de la mañana, como ha anunciado la Generalitat, el president Mas tiene previsto firmar el decreto de
convocatoria de la consulta del 9-N en un acto al que el Govern quiere dar la
mayor solemnidad posible.
Una vez
publicada la Ley de Consultas, trámite necesario para que Mas firme el decreto
de convocatoria, se pondrán en marcha los "mecanismos del Estado"
previstos: aprobación de un dictamen por el Consejo de Estado, reunión del
Consejo de Ministros e interposición de recurso.
El registro
del Tribunal Constitucional, ante el que se presentan los recursos, permanece
cerrado los fines de semana y abrirá a las nueve de la mañana del lunes.
Consejo de
Estado
Una vez que
se publique la ley catalana de consultas, el primer paso será tramitar ante el
Consejo de Estado la solicitud de dictamen. Este órgano consultivo deberá
reunirse para aprobar el dictamen, lo que puede ocurrir si es necesario en
cualquier momento del fin de semana. El documento se encuentra redactado y pendiente
únicamente de aprobación, dada la jurisprudencia, los antecedentes y el
conocimiento que se tiene de la ley de consultas por su tramitación
parlamentaria.
Entre otras
cosas, se han tenido en cuenta los votos particulares de los miembros del
Consejo de Garantías Estatutarias catalán que rechazaron el proyecto de ley de
consultas. Cuando el Parlament envió a este órgano el texto legal para pedirle
opinión, cuatro de sus nueve miembros votaron en contra de la norma por
considerarla contraria a la Constitución y también al Estatuto de Autonomía
catalán.
Una vez
recibido este dictamen, se presentará el recurso, acompañado de la solicitud de
suspensión inmediata de la ley. Debe ser el Pleno del Tribunal Constitucional
el que lo admita a trámite y este órgano se reunirá si no tiene convocada una
sesión ordinaria.
La admisión
supondrá la suspensión de la ley catalana con efecto retroactivo, es decir, que
no entrará en vigor y no serán por tanto válidos los actos derivados de su
aplicación, incluido se supone el decreto de convocatoria del referéndum.
El Gobierno
ha mantenido desde el principio que recurrirá tanto la ley de consultas como la
convocatoria, lo que puede hacer de manera paralela o conjuntamente.