En declaraciones antes de asistir a un desayuno informativo de Europa Press con el ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García-Margallo,
Gallardón ha calificado esta semana de "decisiva" ante el anuncio de la Generalitat presidida por
Artur Mas de que convocará una consulta independentista el 9 de noviembre. Como paso previo, el próximo viernes día 19 de septiembre, el Parlamento catalán aprobará una ley autonómica de consultas.
"Previsiblemente tendremos que interponer uno o más de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En esa tarea estamos esta semana. Previsiblemente, esto terminará la semana que viene y la próxima semana hablaré con todos ustedes", ha dicho el ministro preguntado por el proyecto de ley.
Ruiz-Gallardón ha aclarado así que no cumplirá con su intención anunciada públicamente de llevar al Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto antes de que termine el verano, lo que sucederá el próximo fin de semana.
El trasfondoGallardón, como comentábamos hace unos días, había logrado que la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP,
Dolores de Cospedal, se pusieran de acuerdo en algo: criticar la propuesta lanzada por el ministro sobre una drástica reducción de aforados, que, según dijo en una entrevista periodística, pasarían de más de 17.000 a solamente 22. Pero no era la única medida discutida: su reforma del aborto es aún más polémica.
Se había dicho que el ministro no descartaba poner su cargo a disposición del presidente
Rajoy si éste decidiera paralizar la reforma. Lo decía por ejemplo este martes el diario 'ABC'.
Lo
cierto es que, en su trayectoria al frente de Justicia, Gallardón ha
pisado ya demasiados callos, y no hay prácticamente togado que no critique sus
pretendidas reformas sobre el poder judicial o la elevación de tasas que
propuso. Igual ocurre con su reforma
del aborto, que probablemente tampoco entrará en vigor esta Legislatura, dado
que aún no ha llegado a oficializarse, mientras que ha suscitado una intensa
polémica justo cuando Rajoy quería 'vender' a la opinión pública sus logros
económicos.
Para
colmo, la 'propuesta Gallardón' en cuanto a la reducción de aforados ha
suscitado las iras de prácticamente todas las asociaciones judiciales, que
entienden que esta manera de acabar con un sistema vigente desde 1931 sería
altamente inconveniente, al posibilitar que un juez sea juzgado por sus
compañeros, y no por una instancia superior.
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