Bárcenas se apoderó de 300.000 euros de la 'caja B' del PP

El magistrado apunta, que junto con Jesús Merino, exdiputado del PP, Bárcenas habría convenido entre 2000 y 2007 "prevalerse de la autoridad e influencia que tenía sobre distintos cargos de la formación política, principalmente en Castilla y León", para obtener adjudicaciones públicas a favor de "empresas de confianza" de Francisco Correa, líder de la red Gürtel.

Estos políticos habrían recibido como agradecimiento, una serie de 'gratificaciones en efectivo'. Estas gratificaciones que recibió Bárcenas, ascendieron a 1.249.420,79 euros en efctivo o en forma de viajes organizados por la empresa de la red 'Gürtel'. Por otro lado, Merino recibió 331.737 y Correa obtuvo 1.222.420,79 euros.

De esta forma, los dos cargos públicos habrían mediado a favor de empresas del grupo mercantil Ros Roca, Teconsa, Sufi, Constructora Hispánica y las sociedades vinculadas a Plácido Vázquez y Enrique Carrasco.

Contabilidad paralela

Tal y como Ruz señalaba en el auto del pasado 1 de julio en el que imputó en el 'caso Gürtel' al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, Bárcenas también "se apoderó" de "al menos" 299.650,61 euros que "procederían de una contabilidad paralela o 'caja B'" de esta formación política.

El magistrado considera "indiciariamente acreditado" que entre los años 2001 y 2003 el entonces gerente 'popular', con el "consentimiento" de Lapuerta y "aprovechándose de la notoria opacidad de la doble estructura" financiera creada por el PP, "habría extraído" de la 'caja B' al menos 150.050,61 euros que posteriormente ingresó en sus cuentas de Suiza.

Tras apuntar que la estructura de financiación "opaca" del PP se nutría "con carácter general de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas", el juez señala que Bárcenas intentó justificar la salida de esos fondos de las cuentas de la organización a partir de "mendaces entregas a supuestos destinatarios".

En 2005, "prevaliéndose del secreto y ocultamiento de la doble contabilidad instaurada en la formación política", el imputado habría dispuesto de otros 149.600 euros que habrían servido para pagar un inmueble que, junto a su mujer, Rosalía Iglesias, adquirió en las proximidades de la estación de esquí de Baqueira Beret.

En esta ocasión el "posible apoderamiento" de los fondos del PP se produjo con motivo de la compra de acciones de Libertad Digital, que según apunta Ruz, se decidió "en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad ocultando la identidad del verdadero aportante de los fondos".

Así, Rosalía Iglesias compró 1.360 acciones de la compañía por valor de 149.600 euros que luego vendió por el mismo importe al trabajador del PP y amigo íntimo de Bárcenas, Francisco Yáñez, fallecido durante la instrucción. Ese importe nunca se reintegró al PP aunque Iglesias trató de justificarlo fiscalmente mediante la transmisión de varios elementos patrimoniales.

Fondos ocultos

Finalmente, el juez describe cómo Bárcenas y su esposa crearon "un entramado financiero" en entidades bancarias suizas para evadir estos fondos y tratar de darles "una aparencia lícita" al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como "ganacias patrimoniales derivadas de operaciones de compra-venta de obras de arte". "Incluso habría llegado a elaborar documentos indiciariamente mendaces dirigidos a justificar formalmente algunas de esas transacciones", apunta el juez.

El imputado ocultó a la Hacienda Pública el resto de sus rentas hasta que el 3 de octubre de 2012 presentó una declaración tributaria especial en nombre de la sociedad Tesedul consignando parcialmente sus indiciariamente ilícitos fondos y pagando por tal concepto 1.098.804 euros.

A principios del año 2009, tras conocer que estaba siendo investigado en este procedimiento, Bárcenas contó con la ayuda del extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales; su hijo, Ángel Sanchís Herrero; y su apoderado en Suiza, Iván Yáñez; para tratar de evadir estos fondos.

Así, desplegó "una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía depositados en Suiza al objeto de impedir su descubrimiento e incautación y de desvincularlos de su origen y titularidad así como de poder aflorarlos posteriormente bajo una cobertura aparentemente legal".