El delito por tráfico de
influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de
hasta de diez años de prisión y 150.000 euros (205.000 dólares) de
multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una
red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los
procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han
sido imputados hoy su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del
Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los tres tuvieron que
declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto
que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy,
abogado de profesión. Los investigadores, que grabaron
conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más
cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros
del Tribunal Supremo.
Estos le informaban supuestamente de los
avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la
campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007. Según esa
teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado
Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un
puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.
Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas
escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre
abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas. "Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no
le afecta ninguna prohibición", dijo a la prensa Paul-Albert Iweins,
defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora
comparte imputación con el expresidente.
Uno de los elementos
que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el
hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una
segunda línea de teléfono móvil. Sospechan que a través de esas
llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con
su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le
informaban supuestamente los citados magistrados.
De esa forma
nació el llamado "caso de las escuchas", un dossier que deriva de una
investigación original diferente, para determinar si el político recibió
para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio
Muamar el Gadafi. Sarkozy, de 59 años, había llegado a primera
hora de la mañana del martes en un coche con los cristales tintados a
los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, y
no hizo declaraciones.
Pero la familia política del jefe del
Estado francés entre 2007 y 2012 afirmó durante el día que la medida
judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que
Sarkozy amaga con regresar a la política. Sarkozy se plantaba
anunciar su retorno tras el verano, según "BFM TV", a lo que el diario
"Le Parisien" añade que el expresidente planea cambiar el nombre de la
Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al
Palacio del Elíseo.
Esa formación conservadora se encuentra ahora
sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades
financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción. "Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le
acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo", declaró
la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.
Por su
parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista
Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben "ir hasta el final"
porque "Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás". Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido
temporalmente imputado por el "caso Bettencourt", que pretende
esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oreal financió
ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadafi.
Sin embargo, no declaró ante los jueces sin pasar por la policía, lo
mismo que el también ex presidente conservador Jacques Chirac
(1995-2007). Chirac fue condenado en 2011 a dos años de cárcel
exentos de cumplimiento por malversación de fondos y otros delitos
cometidos en los años noventa como alcalde de París y juzgados tras
perder su inmunidad parlamentaria, pero nunca estuvo detenido.
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